El caso de los Ere irregulares salpica a Granada con tres nuevos imputados

La enorme causa de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya dejó ayer seis nuevos imputados, tres de ellos en Granada. En concreto, la juez atendió ayer a la petición de la Fiscalía Anticorrupción e imputó a Dimas Rodríguez, director general de Caja Rural de Granada en el año 2007; Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de la Caja, y José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja. Así, el caso de los ERE llega ya a los 229 imputados en toda Andalucía y se afianza como el caso de corrupción más importante por número de implicados en todo el país.

IMPUTACIONES EN GRANADA

Entre las personas a las que ayer salpicó la investigación de los ERE irregulares se encuentran tres altos directivos de Caja Rural de Granada. Según se hizo público ayer, la juez ha encontrado indicios de la participación de estos imputados "en la instrumentación ideada con el fin de conseguir que la referida entidad bancaria consiguiera que se amortizara el préstamo que la misma había concedido a Dhul a través de la Junta de Andalucía". El mismo auto hace referencia a la existencia de "numerosa documentación en la pieza remitida por la Junta de Andalucía"; en base a esta información, Alaya ha citado a declarar el próximo 2 de diciembre a José Miguel Martos, director de la oficina principal de Caja Rural de Granada. Con respecto a los restantes imputados, Dimas Rodríguez y Rafaela Ruiz, la juez ya ha ordenado a la UCO que recabe sus datos para futuras citaciones.

En la misma línea de investigaciones, Alaya ha requerido a Caja Rural que remita en el plazo de cinco días los expedientes completos de seis préstamos concedidos a Dhul, "entendiendo que deben de comprender todo tipo de informe o análisis elaborados así como los acuerdos de aprobación de los órganos de la Caja", explica el auto.

CAJA RURAL RESPONDE

Por su parte, Caja Rural de Granada aseguró ayer lunes que la operación relacionada con la amortización del préstamo a Dhul ha sido "lícita y transparente". Según hizo público ayer la entidad bancaria, Caja Rural todavía no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la imputación de sus directivos y, de cualquier manera y según aseguran desde la Caja, la de Dhul "se trató de una operación de financiación" con la que "se anticipó una subvención concedida a un cliente, subvención autorizada por la Junta de Andalucía, que luego fue cobrada y cancelado el préstamo".

"Es práctica habitual de todas las entidades financieras proceder al adelanto de un porcentaje de todo tipo de subvenciones otorgadas por los organismos públicos; agrícolas, de nueva creación de empresas, medioambientales, sociales,  expropiaciones, etcétera. Es requisito necesario para su concesión que la subvención este aprobada previamente por los organismos oficiales", concluye la entidad, que "no tiene dudas sobre la buena fe y correcta actuación de sus empleados".