El Congreso retoma esta semana dos de las leyes sociales cuestionadas por Vox: violencia de género y derechos LGTBI

El Congreso de los Diputados retoma esta semana el trabajo en dos de las leyes sociales que han sido cuestionadas por Vox durante las negociaciones de este partidos con el PP para la investidura en Andalucía: la ley contra la violencia de género y la que ahonda en los derechos del colectivo LGTBI.

La formación que preside Santiago Abascal defiende la derogación de este tipo de leyes porque considera que atribuye privilegios a una parte de la población --las mujeres y los homosexuales, respectivamente-- frente al resto y, durante las negociaciones con el PP en la comunidad autónoma, planteó a los de Pablo Casado que las eliminaran.

Aunque esta petición no fue aceptada, puso en el debate político la ley de violencia machista que en septiembre de 2017 había sido objeto de un pacto de Estado. Además, el PP fue el centro de las críticas de otros partidos tras proponer a Vox ayudas para hombres que hayan sufrido violencia de género y por usar el término "violencia doméstica" en sus intervenciones.

De hecho, en un mitin en Melilla, el pasado 4 de enero, Casado explicó que el 25% de las víctimas en el ámbito doméstico "no son mujeres" sino "niños y ancianos, parejas homosexuales, o personas que sufren violencia en la empresa" en donde pueden tener también vínculos familiares o de cercanía y abogó por abordar este "drama humano y social y nacional con una perspectiva responsable".

UN PLAN INTEGRAL Y CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

Con independencia de este discurso, las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley para aplicar las medidas urgentes del pacto contra la violencia de género, que esta semana se tratará en la Cámara, defienden la violencia machista como la que se ejerce "contra las mujeres y a sus derechos fundamentales por el hecho de serlo" y en los términos establecidos en tratados y convenios internacionales.

Esto implicaría, tal y como se acordó en el pacto, incluir entre estas violencias otras que no implican a las parejas o exparejas de la víctima, como la violación, la trata o el matrimonio forzoso, que se incluyen en el Convenio de Estambul sobre este tema.

En sus propuestas, los 'populares' buscan, además, garantizar la participación de las autonomías en el Observatorio Estatal de Violencia contra la mujer, piden al Ejecutivo un Plan Integral para la erradicación de esta violencia y campañas de prevención y sensibilización o una Mesa de Coordinación Estatal sobre violencias sexuales, mientras la ley específica sobre este tema no esté lista.

En materia de Justicia, el principal partido de la oposición defiende que las víctimas que en un principio no quieran interponer acciones legales, lo puedan hacer "en cualquier momento del procedimiento".

EL PP PRESENTÓ UNA ALTERNATIVA A LA LEY LGTBI DE PODEMOS

Este texto, que llegó a la Cámara como decreto ley del Gobierno, comenzó a negociarse este 9 de enero. Antes de la primera reunión, el PSOE pidió responsabilidad al PP sobre sus intenciones con esta norma. Tanto los socialistas, como Unidos Podemos y PNV se alienaron con el Pacto de Estado sobre este tema y recordaron que las medidas a negociar, ahora, ya estaban dentro del consenso de este acuerdo.

También se retoma esta semana la norma LGTBI, impulsada por la Federación Estatal que representa al colectivo, y que recoge la despatologización de la transexualidad y la creación de un centro de memoria histórica LGTBI o el derecho de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida en los centros hospitalarios públicos.

En su toma en consideración, recibió el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Además, los 'populares' presentaron un texto alternativo a esta proposición de ley y denunciaron la inconstitucionalidad de algunos de sus puntos porque invade competencias autonómicas, como pueden ser, por ejemplo, las relacionadas con cuestiones sanitarias.

Además de estas dos normas, el Congreso también trabajará esta semana en el texto propuesto por el PSOE para lograr la igualdad de trato y no discriminación en la que se plantea la creación de una autoridad independiente y unipersonal que pueda investigar de oficio posibles situaciones de discriminación, así como ejercer acciones judiciales en defensa de la igualdad de trato, entre otras medidas. La norma fue tomada en consideración por unanimidad.