El Congreso ultima un acuerdo para modular la 'cláusula Camps'
Antes de aprobar los Presupuestos, el Gobierno deberá escuchar las demandas de financiación de Generalitat y ayuntamientos valencianos
Los grupos parlamentarios del Congreso están ultimando un acuerdo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que está pendiente de aprobación desde 2011, con el que se pretende modular la cláusula sobre inversiones del Estado, impulsada en su momento por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, y evitar que esta modificación tenga que ser aprobada en referéndum por los valencianos.
Las Cortes Valencianas aprobaron en 2011 una reforma para introducir una nueva disposición adicional en estatuto que establecía que la inversión del Estado en esta autonomía, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, tenía que ser "equivalente al peso de la población de la Comunidad Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años". Con esta finalidad se constituiría "una comisión integrada por la administración estatal y autonómica".
Este es el texto que se envió al Congreso y sobre el que PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís han perfilado ahora un acuerdo que esperan se pueda aprobar durante en mes de diciembre en el Pleno del Congreso para remitirlo al Senado, con vistas a que la reforma quede definitivamente aprobada antes de que se disuelvan las Cortes Valencianas a finales de marzo.
DE UNA DISPOSICIÓN AL ARTICULADO
En virtud de ese acuerdo, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, lo que las Cortes Valencianas aprobaron en su día como una disposición adicional del Estatuto se transformará en un nuevo punto del artículo 52, que versa sobre las competencias exclusivas de la Generalitat Valenciana.
Este cambio de ubicación de la conocida como 'clásula Camps' tiene como objetivo evitar que la reforma estatutaria tenga que ser ratificada en un referéndum. Y es que el Estatuto valenciano establece que cualquier modificación del texto que no afecte al marco de las competencias de la comunidad tiene que ser refrendada en las urnas.
Es decir, si lo que se aprobase en el Congreso fuera una nueva disposición adicional, tendría que convocarse un referéndum, mientras que si, como se pretende, la modificación se incorpora a un artículo referido a las competencias autonómicas, se sorteará esa obligación de refrendo popular.
EL TC YA DIJO QUE ESTAS CLÁUSULAS NO TENÍA EFECTOS
Pero además de esta nueva ubicación, los principales grupos de la Cámara tienen prácticamente cerrado un acuerdo sobre el contenido del que quieren que sea el futuro artículo 52.4 del estatuto y que incluirá una modulación de la ya famosa cláusula sobre inversiones.
En su redacción original, la cláusula obligaba a que la inversión del Estado en la comunidad fuera equivalente al peso de su población. Sin embargo el Tribunal Constitucional ya ha dictado varias sentencias en las que deja sin efectividad cláusulas similares de otros estatutos bajo la premisa de que estas normas no pueden condicionar al Gobierno a la hora de aprobar los Presupuestos del Estado.
Por eso, los promotores del acuerdo han querido rebajar el contenido de la redacción inicial y han apostado por dejarlo en que la Generalitat "participará en las decisiones de inversión del Estado" en su territorio. Eso sí, se mantendrán las menciones al peso de la población de esta comunidad en relación con la del resto del Estado.
COMISIÓN TRIPARTITA
También se mantendrá la previsión de crear una comisión integrada por la Generalitat y el Gobierno central para tratar estos asuntos, a la que, ha propuesta de Izquierda Unida, se sumarán también representantes de la administración local.
Cuando esté totalmente cerrado, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos plasmarán su acuerdo en una enmienda transaccional a la que el grupo confederal presentó a la reforma del Estatuto. De hecho, el texto sólo ha sido objeto de dos enmiendas, ésta y otra que presentó Ciudadanos.
Esta negociación se ha llevado a cabo con el concurso de los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, puesto que cualquier acuerdo que se alcance en el Congreso sobre la reforma tendrá que ser avalado por la delegación nombrada por la Asamblea autonómica para participar de los trabajos de la ponencia y la Comisión Constitucional del Congreso, tal y como estable el propio Estatuto.
La previsión es que la enmienda transaccional sea aprobada en ponencia la segunda semana de diciembre y que, en la misma semana reciba también el visto bueno de la Comisión Constitucional que preside Jesús Posada.
UNA REFORMA ESTANCADA CASI OCHO AÑOS EN EL CONGRESO
Según este calendario, la reforma estatutaria sería aprobada por el Pleno del Congreso en la última sesión plenaria de este año, que tendrá lugar la tercera semana de diciembre. De ahí pasaría al Senado donde la idea es que ningún grupo presente enmiendas de manera que pueda quedar allí definitivamente aprobada antes de que se disuelvan las Cortes Valencianas a finales de marzo.
De esta forma, la reforma del Estatuto vería la luz casi ocho años después de ser aprobada en las Cortes Valencianas y de su remisión al Congreso. La Cámara Baja ha admitido a trámite la reforma en tres ocasiones desde entonces, pero las dos primeras no sirvió de nada porque las Cámaras se disolvieron al convocarse elecciones generales, así que la iniciativa tuvo que volver a debatirse y votarse en octubre de 2016, al inicio de la presente legislatura.
Después la reforma estuvo parada otro año y medio por la constante ampliación del plazo para la presentación de las enmiendas que por fin fueron registradas el pasado mes de marzo.
