El consejero de Comercio alerta del perjuicio para los establecimientos granadinos afectados por la LAU
En una reunión mantenida con representantes de la plataforma 'No al Cerrojazo', insistió en que se va a promover la firma de una declaración conjunta con los colectivos afectados a nivel regional
Manrique Pascual
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha anunciado en Granada que su departamento va a promover la firma de una declaración conjunta con organizaciones, plataformas y colectivos sociales andaluces en apoyo de los comercios en los cascos históricos y en contra del fin de la moratoria prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para los alquileres de renta antigua.
El consejero mantuvo un encuentro con representantes de una plataforma de afectados y aseguró que ya ha remitido una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para trasladarle la "preocupación y la inquietud" que ha generado este asunto en el Gobieno autonómico y en el sector comercial andaluz, así como para solicitarle la suspensión del fin de la moratoria y el establecimiento de una prórroga de diez años.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 1994, establece que todos los negocios que tengan un contrato de renta antigua firmado con anterioridad a mayo de 1985 deberán actualizar sus acuerdos de alquiler antes del 31 de diciembre, una disposición que, según precisó Rafael Rodríguez, va a repercutir en la comunidad andaluza en unos 30.000 establecimientos y en unas 90.000 personas.
El consejero apuntó que los sectores principalmente afectados son el comercio y la restauración con marca local "que ven como, una vez más, el Gobierno central los desplaza de la actividad económica para establecer privilegios sobre las grandes cadenas comerciales y de la distribución, es decir, las franquicias", ya que la "mayoría de los negocios, o bien no podrán asumir en plena crisis las nuevas rentas, o tendrán que buscar nuevas ubicaciones".
Rodríguez afirmó que "nos oponemos a un nuevo golpe al comercio urbano, con la intencionalidad de poner al servicio de la especulación inmobiliaria los establecimientos históricos de nuestras ciudades", por lo que afirmó que desde el Gobierno autonómico "vamos a sumarnos y a respaldar cualquier acción para defender la permanencia de la actividades de miles de autónomos andaluces y de sus trabajadores".
En este sentido, el consejero insistió en que se va a promover la firma de una declaración conjunta con los colectivos afectados a nivel regional, al tiempo que avanzó también que está declaración se va a remitir a todas las comunidades autónomas "para su información y posible adhesión con la intención de crear un gran bloque nacional que, de forma unánime, establezca un instrumento de presión hacia el Gobierno central".
Finalmente, Rafael Rodríguez reiteró la necesidad de modificar la LAU con una prórroga para el fin de la moratoria y defendió la importancia económica del sector comercial, que supone el 11% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 165.000 establecimientos (pymes en un 94%) y ocupa a 480.000 personas, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.
