El Consejo Andaluz de Graduados Sociales reclama medidas urgentes para evitar el "colapso" de los juzgados

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha mostrado este lunes su preocupación por la situación de la Justicia Social en Andalucía, que ha ingresado el pasado año un siete por ciento más de asuntos que el año anterior, manteniendo una línea ascendente, según los datos de la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En un comunicado, el presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez, ha alertado de "la preocupante situación" de la Justicia Social en Andalucía y ha reclamado la adopción de medidas urgentes ante la situación de "colapso" de los juzgados.

La memoria revela que los despidos en los Juzgados de lo Social han ascendido un cinco por ciento, registrándose 16.066 asuntos de esa índole frente a los 15.347 del año 2016. El documento revela también que algunos partidos judiciales están señalando juicios "con un retraso incompatible con el derecho al plazo razonable que se precisa para ello".

La cantidad de asuntos ingresados en las tres Salas de lo Social del TSJA, repartidas entre Málaga, Sevilla y Granada, mantiene un repunte, aumentado la complejidad de muchos asuntos. Y así, "se han resuelto menos de los asuntos ingresados y quedaron un total de 5.950 asuntos pendientes al final del ejercicio --un 18 por ciento más que el año anterior--".

Otro aspecto preocupante para estos profesionales es el hecho de la Sala de lo Social del TSJA haya ingresado en el conjunto de sus tres sedes un total de 10.278 asuntos en el año 2017 --un seis por ciento más que el año anterior--. La mayor parte de estos ingresos fueron recursos de suplicación contra resoluciones de Juzgados de lo Social, "lo que pone de manifiesto la necesidad de especializar esta jurisdicción para que no se produzcan sentencias recurridas".

La demarcación territorial del TSJA engloba 56 Juzgados de lo Social. Durante 2017 han estado adscritos jueces de Adscripción Territorial para reforzar los partidos judiciales de Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. En este último partido judicial continúa el plan de refuerzo, con la adscripción de cuatro jueces de refuerzo.

"La carga de trabajo existente no puede resolverse mediante parches temporales: la dotación de magistrados de refuerzo que no suelen durar mucho tiempo en sus puestos", denuncia Fernández, que añade que "el incremento de asuntos sobrepasa todos los límites que marca el propio Consejo General del Poder Judicial".

Así, el representante de más de 9.000 graduados sociales andaluces ha advertido de que esta situación, que es generalizada en toda Andalucía, "provoca una grave indefensión hacia el justiciable, en cuestiones de especial sensibilidad como son las de ámbito social y laboral, despidos, prestaciones por invalidez, impago de nóminas".

"Faltan juzgados, jueces y también funcionarios para tramitar las ejecuciones de sentencias en tiempo y forma. El sistema, de esta manera, genera desamparo entre nuestros clientes, los justiciables en materia social y laboral de toda Andalucía", añade.

A juicio del presidente del Consejo, la Justicia Social debe ser objeto de un gran pacto institucional y político para que Gobierno central, Junta de Andalucía y Consejo General del Poder Judicial, junto a los operadores jurídicos, "busquen vías de solución y prioricen medidas para evitar el colapso de la Justicia Social".