El coronel acusado niega haber permitido la entrada de droga en la costa a cambio de dinero

El coronel de la Guardia Civil que está siendo juzgado en la Audiencia de Granada por narcotráfico ha negado este martes ante el tribunal haber permitido en 2006 la entrada de toneladas de hachís por la costa de Granada a cambio de dinero y ha defendido su labor durante el tiempo que estuvo encargado de las operaciones antidroga en esta provincia.

En la segunda sesión del juicio, este coronel en reserva identificado como F.G.S., ha negado así las acusaciones de varios antiguos confidentes de la Guardia Civil y también de un narcotraficante que le habría situado como un presunto miembro de una organización que introducía hachís por Granada. Entre sus delatores se encuentran los otros dos acusados en esta causa, que han sido declarados en rebeldía.

El fiscal le acusa de haber mantenido en 2006 una entrevista con un confidente y de haber acordado supuestamente con él la entrada de dos alijos de hachís, con más de 4.000 kilos valorados en cinco millones de euros, por las playas de Motril (Granada), impidiendo que la droga fuera interceptada y asegurando su entrada para su posterior venta a cambio de cobrar 120.000 euros tras cada operación.

A estas dos se sumaría, según el relato del fiscal, una tercera entrada de droga de escasa calidad que sí sería intervenida por los agentes para justificar las otras que quedarían impunes.

El coronel ha negado estos extremos, descartando que tuviera una relación más allá de lo estrictamente profesional con los confidentes con los que trabajaba el cuerpo o que estuviera en contacto con alguno uno de ellos a través de teléfonos exclusivos que desconociera el Instituto Armado.

"Mi misión no era ni tener confidentes ni tener amigos", ha expresado durante el interrogatorio. En el momento de los hechos era comandante destinado en Granada y jefe de Información y Policía Judicial con funciones de dirección y coordinación, entre otros, del equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, con mando en todas las operaciones antidrogas a efectuar en la provincia.

Tras explicar el operativo que por tierra y mar se desplegaba en la costa granadina cuando los confidentes informaban de los desembarcos de droga que iban a producirse, el coronel F.G.S ha defendido la labor desarrollada durante su periodo de actuación y que, según ha dicho, favoreció que fuera la zona donde más alijos se intervinieron del país.

La Fiscalía ha pedido para él nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública, así como una multa de 6,3 millones de euros. La acusación popular ejercida por la AUGC solicita 13 años de cárcel, además de 15 años de inhabilitación y el pago de multas que superan los diez millones de euros y la defensa pide la libre absolución. El juicio está previsto que continúe en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada con testigos y peritos hasta el 11 de julio.