El Decreto de Atención Temprana que crea unidades específicas y reduce el tiempo de respuesta entra en vigor hoy
La norma, que integra la intervención sanitaria, educativa y social, supone triplicar el presupuesto de prestación en los próximos 4 años
El decreto regulador de la Atención Infantil Temprana en Andalucía que amplía y refuerza la asistencia a los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, a través de medidas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y participación de las familias y del entorno social entra en vigor hoy tras su publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). De acuerdo con el compromiso adquirido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, su desarrollo supondrá triplicar los recursos económicos de la prestación hasta alcanzar los 33 millones en 2019.
En un comunicado la Junta recuerda que la norma, una de las más avanzadas a nivel nacional en cuanto a contenido, incorpora dos novedades no recogidas en otros decretos autonómicos: la creación de unidades específicas de valoración en el Servicio Andaluz de Salud y el establecimiento de un tiempo máximo de respuesta de 30 días para la misma.
De este modo, se dispone la creación de un mínimo de once Unidades de Atención Temprana en las ocho provincias andaluzas (dos en las de Cádiz, Málaga y Sevilla). Formadas por profesionales de Pediatría y Psicología, se encargarán de valorar las necesidades de los menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de las familias y el entorno. Asimismo, serán las responsables de decidir la idoneidad de la intervención y, en su caso, de la derivación a uno de los 163 Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que funcionan en Andalucía. Actualmente, 800 profesionales atienden a 19.000 menores al año.
Las Unidades de Atención Infantil Temprana se pondrán en marcha el próximo otoño y posteriormente podrían llegar hasta 14 si las necesidades lo exigen. Su trabajo garantizará la coordinación entre profesionales de los CAIT y los centros de salud, así como la continuidad asistencial entre los equipos de Pediatría de Atención Primaria y de la red hospitalaria.
La norma regula también la composición y funciones de los Equipos Provinciales de Atención Temprana (EPAT), responsables de asegurar estos objetivos. Sus miembros pertenecerán a los tres ámbitos en los que se desarrolla la atención temprana infantil (sanitario, educativo y servicios sociales) y contarán con titulación, formación específica y experiencia en esta materia.
El desarrollo de estas previsiones supondrá triplicar progresivamente el presupuesto anual de la prestación hasta alcanzar los 33 millones en 2019. El incremento total será de 23 millones en los próximos cuatro años, que se distribuirán acumulativamente del siguiente modo: cuatro millones adicionales en el presente ejercicio (hasta llegar a 15,7); cinco millones en 2017; seis en 2018, y ocho en 2019.
Este aumento de recursos permitirá alcanzar el objetivo de reducir el tiempo de respuesta para lograr que los menores puedan recibir los cuidados en el plazo más breve posible desde la detección de sus necesidades. Asimismo, se establecerán diferentes niveles de intensidad adaptados a cada plan de tratamiento. En su conjunto, el nuevo modelo supondrá ampliar tanto el tiempo de las sesiones (de 45 a 60 minutos) como el número de ellas.
