El Defensor Andaluz insta a la Junta a respetar los derechos de las personas sordas en prisión
La asociación denuncia que las cárceles no están adaptadas, no se dispone de intérpretes de lengua de signos, lo que deriva en un trato inhumano y degradante, fruto del incumplimiento de la normativa
El Defensor del Pueblo Andaluz ha emplazado a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a dar cumplimiento, como corresponde por ley, a los derechos de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordoceguera que se encuentran en prisión.
La resolución es fruto de la queja formulada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) el pasado 30 de diciembre de 2017, en la que la organización informaba de la vulneración sistemática de los derechos de la población sorda en las cárceles y las devastadoras condiciones de cumplimiento de las penas privativas de libertad a las que estas personas son sometidas. “Los centros penitenciarios no están adaptados y no se dispone de intérpretes de lengua de signos (LSE). Estas personas viven en su día a día numerosas situaciones de trato inhumano y degradante en nuestras cárceles, excluidas de un sistema que no contempla sus necesidades comunicativas, por ejemplo, incapaces con frecuencia de comprender instrucciones ni de transmitir posibles abusos o amenazas, sancionadas por hechos que tienen su origen en su discapacidad, como no atender órdenes o no responder a directrices transmitidas por megafonía o avisos, como la sirena para el recuento en celda; entre otras muchas cuestiones”.
En este sentido la asociación, ha celebrado la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz dirigida a la Consejería de Igualdad para que defina programas de apoyo a la población con discapacidad sensorial en los centros penitenciarios andaluces.
El Defensor establece que se deberá promover el empleo de la lengua de signos (LSE) en los recintos penitenciarios, a través del personal propio de prisiones y la existencia de los servicios de mediación o traducción para garantizar la plena inclusión. La consejería habrá de dar una respuesta por escrito en el plazo de un mes, tal como reza la resolución.
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, el número de personas sordas e prisión es de 110 (99 varones y 11 mujeres), el 2% de la población penitenciaria. Y aunque desde APDHA reconocen algunos avances en la materia, como la firma del “Protocolo de actuación para personas con discapacidad en el medio penitenciario”, afirman que “actualmente el derecho a la accesibilidad universal y el derecho a vivir de forma independiente, como prevé la normativa nacional e internacional, no están garantizados en las prisiones”. La organización niega por tanto la afirmación del Gobierno, que sostiene que “en todos los centros [penitenciarios] donde había personas con discapacidad auditiva y estas estaban interesadas en utilizar este tipo de servicios han acudido intérpretes y/o mediadores comunicativos”, tal como se desprende de la respuesta al requerimiento realizado al respecto por la senador Maribel Mora, a finales de noviembre del pasado año.
La asociación critica la dejación de responsabilidades por parte de las administraciones en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. A ese respecto, recuerda que el 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo legal para que las administraciones públicas incorporen la lengua de signos y las tecnologías que facilitan su uso en todos los entornos en los ciudadanos tengan la necesidad de interactuar, para ejercer así sus derechos de forma plena; así como los compromisos internacional suscritos por España a través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y sus Protocolos. Por ello, la asociación exige a Instituciones Penitenciarias el cumplimiento de los derechos de las personas establecidos en la legislación.
