Tras más de dos semanas de huelga de padres y estudiantes y la negativa de la Consejería de Educación a tomar cartas en el asunto, el Defensor del Pueblo Andaluz ha manifestado a través de un comunicado que investigará la eliminación de líneas en los colegios de Bérchules y Torvizcón.
Ambos colegios en la Alpujarra granadina denuncian la falta de acceso a la igualdad de oportunidades tras el despido de docentes en los mencionados centros.
El Defensor del Pueblo Andaluz apunta que en el caso de Bérchules, se ha perdido una unidad, con lo que son tres las unidades autorizadas en este momento , agrupados en una de ellas, todo el alumnado del segundo ciclo de educación infantil (3, 4 y 5 años) y primero de primaria (13 en total); otra en la que se atiende al alumnado de segundo, tercero y cuarto de primaria (12 en total); y la tercera, en la que se atiende al alumnado de quinto y sexto de primaria (11 en total). Por su parte, en Juviles tan solo se contará con una unidad, en la que se atiende a un total de 13 niños y niñas de seis niveles diferentes.
Complica aún más la cuestión el que algunos de los docentes están sometidos a la itinerancia entre los distintos colegios rurales, lo que no permite a los tutores ejercer convenientemente su tutoría; o que sean dos docentes diferentes los que imparten una misma asignatura en función de su estancia en cada centro; o que tengan que esperar a que llegue un docente para poder desplazarse al otro centro, solapándose las itinerancias y haciendo casi imposible el cumplimiento del horario lectivo.
Hasta ahora, según parece, todos los intentos de los padres y madres, apoyados por los respectivos Ayuntamientos, para que por parte de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada reconsidere la decisión del cierre de las unidades señaladas han sido en vano, motivo por el que han decidido continuar con las movilizaciones.
Con el objetivo de conocer las motivos que han justificado la decisión de la supresión de las lineas en cuestión, así como para conocer con mayor profundidad sus consecuencias, hemos decidido incoar un expediente de queja de oficio, haciendo uso de la habilitación que a estos efectos nos confiere el art. 10.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y solicitar informe a la Delegación Territorial competente.
Para el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, esta queja responde a un fenómeno que tiene relación con la despoblación, una preocupación que va a ser uno de las señas de identidad en su renovado mandato, como es el reto de paliar las consecuencias de la Andalucía vaciada. "Es un problema en educación, en sanidad, en temas de movilidad, en exclusión financiera... todos estos fenómenos van a alterar la calidad de vida de los zonas rurales y de los municipios pequeños. Tenemos que ver qué medidas podemos proponer para que estén cubiertas las necesidades de esta población, en especial, de las personas mayores y de la infancia".
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