El día en que los granadinos vieron a su alcalde detenido

Comenzaba a amanecer. La ciudad empezaba a despertar. El ensimismamiento que suele conllevar el dejar atrás una noche de descanso se esfumó con una noticia que removió toda Granada: el alcalde estaba retenido en su domicilio por la Policía Nacional como parte de un procedimiento de investigación que acabaría con José Torres Hurtado y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, detenidos para ser puestos posteriormente en libertad con cargos.

Una sorpresa compartida por Torres Hurtado, quien vio su domicilio perpetrado por la Policía Nacional a las 8 de la mañana sin saber si quiera de qué le acusaban, según él mismo afirmaba.

Así, la expectación e incredulidad se fueron haciendo con cada uno de los estamentos de la sociedad granadina. Y es que, de un día para otro, Granada se encontraba con su alcalde detenido y llamado a declarar a los Juzgados para dar luz a una investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDED) sobre la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en una zona verde junto al centro comercial Serrano Plaza.

Los empleados del Ayuntamiento de Granada que, como cualquier otra mañana, se disponían a entrar al consistorio para continuar con sus obligaciones laborales, vieron sorprendidos cómo una ingente cantidad de policías les ordenaban marcharse del lugar y volver a sus casas.

Cada rincón de la capital estaba reforzado por decenas de policías destinados a registrar no solo el Ayuntamiento de Granada, sino también el área de Urbanismo, empresas y domicilios familiares -entre las que se encontraba el de Torres Hurtado-.

Tras los registros pertinentes, tanto el alcalde de Granada como la concejal de Urbanismo Isabel Nieto fueron llevados a declarar al Juzgado de la capital y puestos seguidamente en libertad con cargos a la espera de que continúe la investigación. Esta indagación judicial llevada a cabo por el Juzgado número 2 de Granada ha detenido ya a 17 implicados en la consecución de presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.

Cada uno de los pasos que iban dando tanto Torres Hurtado como Nieto se acompañaban de un aluvión de flashes y micros que intentaban captar el momento en el que se esclareciera al fin una situación que se tornaba más confusa por momentos. Pero no fue tarea fácil, pues el alcalde se valió de salidas apartadas y la ayuda de la policía para ocultar su rostro de las miradas de los profesionales de la información que recorrían cada tramo de la ciudad en busca de la verdad que el desconocimiento escondía.

Una situación que no solo hizo convulsionar la mañana de Torres Hurtado e Isabel Nieto, sino que ha dejado grandes consecuencias tras de sí. Una de ellas vino directamente de la sede nacional de su partido, que decidía suspenderlos cautelarmente de militancia. Pero eso no sería todo, pues las malas noticias se acumularían para el alcalde de Granada, quien tuvo que escuchar no solo por parte de sus opositores políticos sino también de su propio partido en Andalucía que la mejor decisión que podía y debía tomar era abandonar el cargo.

Lejos de aceptar la propuesta de sus compañeros, Torres Hurtado quiso dejar claro ante la ciudadanía una afirmación que considera irrefutable: no va a dimitir. Y es que, como él mismo ha destacado, todo esto ha sido un espectáculo mediático en el que ni él mismo sabe de qué le acusan.

 

CASOS DE CORRUPCIÓN EN GRANADA

CASO SERRALLO

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada está investigando a un total de 17 personas, entre ellas el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, por su presunta implicación en el Caso Serrallo. Este caso tiene su origen en la utilización de una parcela situada junto al centro comercial Serrallo Plaza para la construcción de una discoteca con sala de fiestas y pista de patinajes en lugar de un quiosco que era lo previsto por el Plan Urbanístico.  La Fiscalía de Granada comenzó la investigación tras recibir una denuncia anónima sobre los hechos mostrando los posibles delitos urbanísticos que se podían haber cometido: infracciones de construcción, uso y aprovechamiento de los terrenos.

PISO DEL ALCALDE

El pasado mes de noviembre partidos de la oposición de Granada denunciaron las posibles irregularidades llevadas a cabo en la construcción de un bloque de pisos situdo en el centro de la capital en el que vive el alcalde. Además, Torres Hurtado era uno de los propietarios y socios de la cooperativa que hizo la obra. Según los responsables de licencias, se detectaron alteraciones en las medidas iniciales de los pisos cuando se hizo la inspección final, estando éstas por debajo de lo mínimo. Derivada de esta infracción, los propietarios se vieron obligados a pagar 61.394 euros para legalizar esta parte de la edificación.

CASO MULHACÉN

La Fiscalía de Medio Ambiente emitió un decreto en agosto de 2015 para que la Policía Nacional interrogase al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, en relación con el caso del pabellón de deportes Mulhacén. El caso comenzó con la denuncia del empresario Ramón Arenas que afirmaba que se invadieron 300 metros cuadrados de una parcela de su propiedad para la creación del pabellón de deportes. De igual modo, también se pide interrogar además de a Torres Hurtado, a la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, al concejal de Economía, Francisco Ledesma, al constructor Roberto García Arrabal -quien obtuvo la concesión administrativa - y a otros ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada.

EXPROPIACIONES DEL PTS

El Tribunal superior de Justicia sentenció en 2012 al Ayuntamiento de Granada a abonar 15 millones de euros a los antiguos propietarios de los terrenos que expropiaron para llevar a cabo la creación del Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Esto es debido a que el tribunal considera como irregular la forma de actuar en algunas de estas expropiaciones. De igual modo, la fiscalía pidió que el consistorio devolviera los terrenos a sus propietarios, algo imposible debido a que ya se había edificado en la zona y eso afectaría a terceras personas.