El equipo de Gobierno lleva al pleno de este viernes una moción para que la Junta pague parte de la desinfección de colegios

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada somete este viernes a aprobación del Pleno una moción en la línea de su petición desde el equipo de gobierno local para que la Junta de Andalucía se haga cargo de una parte de los gastos derivados de la limpieza y desinfección de los centros educativos granadinos, una actuación "necesaria y prevista en las medidas y protocolos acordados" por la pandemia de covid que, en el caso de la ciudad de la Alhambra, "ha supuesto una cuantía de 380.000 euros en los cursos precedentes, y seguirá produciéndose para el curso 2021/22".

Según señaló el portavoz del equipo de gobierno local, Jacobo Calvo, la Administración autonómica "recibió 383 millones de euros del Gobierno de España para destinar específicamente a Educación y, si bien, una parte importante es para el apoyo al profesorado, resulta decisivo que inyecten a los ayuntamientos para compensar el sobre coste y esfuerzo que supone para las arcas municipales estas labores de desinfección de los colegios".

También el gobierno local impulsará la aprobación de la corporación municipal a otra iniciativa solicitando a la Junta de Andalucía que reconozca "el impacto negativo del cambio y endurecimiento en los criterios para concesión de ayudas a los centros comerciales abiertos" y "cambie esas nuevas condiciones restrictivas previstas en las normativas autonómicas para compensar y ayudar de verdad al colectivo del comercio, especialmente castigado por la pandemia y motor de la economía de muchas familias".

Jacobo Calvo detalló que "los nuevos criterios dificultan el reconocimiento de los centros comerciales abiertos, que pasan a tener mayor número de exigencias para acceder a las ayudas; y así, por ejemplo, las gerencias, que son absolutamente determinantes, dejan de ser subvencionables, por lo que demandamos que se financien al 100%".

Igualmente ha enumerado otras de las peticiones incluidas en la citada moción: "que la subvención mínima sea de 70.000 euros como en convocatorias precedentes; eliminar los límites de las cuantías máximas a subvencionar en función del tamaño de la población; y que las renovaciones de certificaciones de centro comercial abierto se hagan cada cuatro años, como antes".

Para el edil, "resulta incomprensible que unas actuaciones que debían estar orientadas a compensar y favorecer a un comercio lastrado por la crisis sanitaria, se conviertan en algo tan restrictivo y excluyente". Junto a las mociones dirigidas a la Junta de Andalucía, el gobierno municipal solicitará en el Pleno que el Patronato de la Alhambra y Generalife "ejecute el parque infantil de Barranco del Abogado que está aprobado en su plan de inversiones, dado que a día de hoy, no se sabe nada del proyecto, siendo una histórica demanda de los vecinos del entorno", según explicó el Ayuntamiento de Granada en una nota.

En la rueda de prensa previa al Pleno ordinario mensual, el portavoz informó asimismo de sendas declaraciones institucionales impulsadas por los grupos políticos representados en la corporación. En la primera de ellas, se sumará a las reivindicaciones y propuestas de la Federación Granadina de Alzheimer que, bajo el lema 'Cero omisiones, cero alzheimer', insta a las distintas administraciones a trabajar en los objetivos de investigación biomédica y sanitaria, y diagnóstico precoz para una atención especializada al colectivo y una acción social adecuada que identifique posibles casos de riesgo.

La segunda de las declaraciones institucionales es en apoyo a Asogra, en la Semana Internacional de las Personas Sordas, un texto en el que el Ayuntamiento y la asociación granadina reclaman la aplicación de medidas para efectiva igualdad de oportunidades del colectivo; medidas en materia de promoción de un entorno accesible e inclusivo; acceso a la educación bilingüe; desarrollo de un reglamento específico sobre lengua de signos española y ayudas a las entidades integrantes de las redes asociativas, entre otras.

Junto a los expedientes que se elevarán al Pleno, el portavoz del equipo de gobierno hizo referencia a algunos de los 32 principales asuntos que serán aprobados por la Junta de Gobierno en la sesión de este viernes. Es el caso de la aprobación del programa de becas a madres jóvenes estudiantes, que, con una cuantía de 65.000 euros, persigue "incentivar a mujeres jóvenes que deseen compatibilizar sus estudios con el cuidado de sus hijos". En palabras del edil, con estas ayudas se persigue "un incentivo de 650 euros para que no abandonen sus itinerarios formativos y puedan conciliarlos con la atención a los menores".

Calvo mostró "satisfacción por la aprobación del convenio de colaboración entre las instituciones integrantes del Granada Card", un acuerdo que "es un paso, es decir, cada entidad deberá aprobarlo en sus respectivos órganos de gobierno para que finalizado este trámite, se proceda a la firma conjunta".

Respecto del contenido del convenio ha asegurado que se trata de "regular e impulsar este producto de promoción turística y cultural de la ciudad, para que antes de que acabe el año, esta tarjeta esté a plena disposición de visitantes y granadinos". En sus palabras, que el convenio esté en proceso de aprobación "evidencia que formamos parte de las soluciones, apostamos por el consenso en proyectos que, como la 'Granada Card', son un reclamo nacional e internacional, pero también repercuten en la hostelería, el comercio y la actividad locales, es decir tienen un importante retorno para la ciudad".

Hay asimismo expedientes de aprobación de facturas, y otros expedientes de gestión que, según el portavoz "apuestan por ayudar a los sectores económicos; a los mas vulnerables y por que nuestra ciudad no pierda ninguna oportunidad"

Búsqueda de una subvención de 10,5 millones para un proyecto de movilidad

El área de Movilidad somete también a aprobación por la Junta de Gobierno un proyecto para la mejora de la calidad el aire y la movilidad sostenible; un documento que, en palabras de la edil Raquel Ruz “hará de Granada una ciudad más saludable y habitable y mejorará la calidad del aire y la eficacia del transporte público y permitirá la implantación progresiva de zonas de bajas emisiones en la ciudad”.

Durante la presentación informativa del proyecto, la concejala de Movilidad recordó que “mientras algunos siguen apostando por vehículos privados con inversiones millonarias absolutamente innecesarias; desde este equipo de gobierno, nos ocupamos de uno de los principales problemas de Granada, como es la calidad del aire y su repercusión en la salud pública con el consiguiente impulso de la movilidad sostenible y transporte público eficiente”.

Así, explicó que, “desde el primer momento nos pusimos a trabajar en el borrador de este documento que ha sido redactado en un tiempo récord, un trabajo intenso de los técnicos de Movilidad que se ha presupuestado en 14,9 millones de euros; que se presentará en tiempo y forma a la convocatoria del ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda urbana –que finaliza el 30 de septiembre próximo-; y que prevé que las actuaciones contempladas estén ejecutadas para diciembre de 2023”.

Raquel Ruz indicó que, si bien el importe de la subvención que se presentará al Plan de Recuperación del ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, será de 10,5 millones de euros, “que es el tope máximo que permite la orden de ayudas”, la cuantía global del proyecto asciende a 14,5 millones de euros. Al referirse al contenido del documento, la edil aseguró que próximamente se dará detalle de los distintos aspectos de un proyecto que se estructura en distintas líneas de actuación.

La primera de las líneas consiste en la implementación progresiva de `Zonas de Bajas Emisiones´, es decir, zonas de limitación de acceso a vehículos privados en el centro de la ciudad; un programa que se llevará a cabo en fases o etapas; se estructurará en círculos concéntricos de mayor o menor restricción de acceso; y supondrá importantes inversiones para control de esos accesos, información a la ciudadanía y otras actuaciones.

Otra de las líneas contenidas en este proyecto municipal contempla un paquete de medidas para la transformación digital y sostenible del transporte público; “un sistema de digitalización para hacerlo más eficiente y lograr que la explotación resulte más eficaz y nos permita recabar información para hacer ajustes que tengan repercusión en la movilidad ciudadana”. Habrá asimismo actuaciones en la flota de vehículos de transporte público “hacia autobuses eléctricos y de hidrógeno” e inversiones paralelas en puntos de recarga de energía y otras necesidades.

Para finalizar, Raquel Ruz mostró satisfacción por “un proyecto ambicioso orientado a solventar problemas de la ciudad y de los vecinos; un proyecto que mejorará la calidad del aire, hará mas eficiente el transporte público y redundará en la salud de las personas y la calidad de vida”.