El ex edil del PP Eduardo Moral defiende sus contrataciones al frente de Emucesa

El exedil del PP en Granada Eduardo Moral, para el que la Fiscalía pide seis años de cárcel en el conocido como caso Emucesa sobre supuestas contrataciones fantasma en la empresa mixta que gestiona el cementerio de la capital granadina, ha defendido su gestión cuando fue consejero delegado de la misma.

La representación legal de Eduardo Moral indica que procede su libre absolución, y señala su no conformidad con el relato de hechos que hacen tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado, y las acusaciones particulares y populares en sus respectivas conclusiones provisionales.

"Entre las facultades del consejero delegado figuran la de convenir y firmar toda clase de contratos para el desenvolvimiento de la empresa y en general se le otorga toda clase de competencias por cuantía de hasta 300.000 euros", refleja el escrito de defensa.

En este contexto, las contrataciones investigadas para tareas de asesoría en relaciones institucionales o comunicación "obedecían a un fin lícito, el trabajo se prestó y realizó por los trabajadores en los términos que resultan del propio contrato".

El exconcejal quedó fuera del acuerdo de conformidad por el que algunos de los acusados en el caso Emucesa, entre ellos la que fuera su consejera delegada tras Moral, la exedil del PP María Francés, aceptarán previsiblemente su responsabilidad en el caso, y quedarán fuera del proceso.

Según informó la Fiscalía Superior de Andalucía en una nota el pasado 26 de junio, el representante del Ministerio Público, en su escrito de conclusiones provisionales del caso Emucesa, acusaba a estos dos ex concejales por "realizar, presuntamente, contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados" de la empresa, en el periodo 2003-2011 y 2011-2016, durante los mandatos de gobierno local del PP.

Para los otros acusados, los cinco contratados, también solicitaba penas que oscilaban entre los cinco años y seis meses de prisión y los cuatro años, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.

En el auto de apertura de juicio oral, el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada requirió el pasado octubre a los acusados que prestaran fianzas de entre 32.521 y 286.310 euros que suman casi 650.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, como indemnización a Emucesa y al Servicio Público de Empleo.

Posteriormente, ha ordenado el embargo de los bienes de Moral, después de que frente a la fianza de 286.310 euros que le pedía para asegurar lo que se le pueda exigir en concepto de responsabilidad civil.