El ex gerente de Urbanismo elude su responsabilidad en la muerte de un obrero ecuatoriano

El ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente, y dos arquitectos del servicio municipal han eludido hoy cualquier responsabilidad en la muerte de un obrero ecuatoriano durante la ejecución subsidiaria de un derribo en el que figuran como acusados ocho personas más. Foto: Fermín Rodríguez

Foto: Fermín Rodríguez

Durante la primera sesión del juicio, Lorente, para quien el fiscal pide tres años de cárcel, cuatro de inhabilitación y multa de 1.440 euros por homicidio imprudente y delito contra la seguridad en el trabajo, ha dicho que conocía en líneas generales el procedimiento de ejecuciones subsidiarias que aplicaba el consistorio pero no al detalle, y que desconocía que la obra en cuestión carecía de plan de seguridad y de proyecto técnico.

Interrogado sobre si cree que pudo haber hecho algo para evitar el siniestro como coordinador general de Planificación Urbanística y Obras Municipales, cargo que ostentaba cuando ocurrieron los hechos, en diciembre de 2004, ha indicado que aunque "a posteriori es fácil decirlo", entonces no porque era "una mínima pieza" dentro de un engranaje, y ha precisado que en la aprobación del pliego de condiciones con el que se adjudicaron las obras a la contratista principal intervinieron varias áreas municipales, no sólo la suya.

Lorente, que ha considerado posible que el pliego tuviese "algún vicio", entiende que los funcionarios municipales se limitaron a cumplir el pliego de condiciones, que establecía, entre otras cosas, que recaía sobre la contratista la designación de la directora facultativa y coordinadora de seguridad, también imputada.

Por su parte, el entonces jefe del servicio técnico municipal de arquitectura y un arquitecto han dicho que su función era la de "priorizar y controlar las actuaciones" relacionadas con las ejecuciones subsidiarias y que si en este derribo de la cuesta de Gomérez no se hizo proyecto técnico sería porque en las demoliciones urgentes, como era el caso, no es posible dada la premura.

"Y si no hay un proyecto técnico -ha agregado- no se puede elaborar un plan de seguridad específico", labor que, según lo establecido en el contrato de adjudicación de las obras con la contratista principal, "Rehabilitaciones y Demoliciones Granada", debía recaer sobre esta empresa, que nunca lo llegó a elaborar.

La representante legal de esta empresa, Lucía D.M., ha admitido que no se hizo un plan de seguridad específico porque los arquitectos no se lo pidieron, y que trabajaban con un estudio general de seguridad incluido en el pliego de condiciones.

Tampoco contaban las obras con proyecto técnico porque le consistorio, dice, nunca le pidió que elaborara uno para esta obra, que según la fiscal se desarrolló sin ningún tipo de seguridad.

Ha relatado la "presión" a la que le sometía el Ayuntamiento -para quien realizaba ejecuciones subsidiarias desde 1999- para que acometiera los encargos, ya no sólo los urgentes, ha dicho, sino las de "ornato" de las calles, porque en aquella época "el primer objetivo" del consistorio era "poner bonita la ciudad".

Por recomendación de la coordinadora de seguridad, esta empresa subcontrató las obras con "Construcciones Hermanos Rodríguez", cuyo responsable le aseguró que tenían experiencia en demoliciones, según la imputada, que dice que hasta el accidente no se enteró de que esta empresa había subcontratado a su vez con Obras Alsa.

El responsable de Hermanos Rodríguez ha mantenido, por contra, que aunque hizo saber que no estaban capacitados, firmó un contrato por el que percibió 5.500 euros que entregó a Obras Alsa tras hacerle una cesión verbal del contrato.

El responsable de Alsa ha admitido que no tenía dado de alta a ninguno de sus trabajadores, entre ellos el fallecido, cuya situación, dice, intentó varias veces regularizar.

La directora facultativa y coordinadora de seguridad, en quien los arquitectos han descargado la responsabilidad de velar por la seguridad, ha asegurado que el Ayuntamiento nunca le exigió que elaborara un plan de seguridad, y que hizo un estudio básico pero no por obligatoriedad, sino para le que cubriera el seguro.

Esta mujer, que estaba al tanto de la cadena de subcontratas, entiende que no era necesario un plan específico porque no había proyecto técnico y que, en cualquier caso, no podría haberlo hecho porque hasta el día del derribo no tuvo acceso al inmueble.

La acusación la ejerce en solitario la Fiscalía después de que la familia del fallecido haya renunciado a ejercer la acción civil tras haber sido satisfechas las peticiones de indemnización.