El exalcalde de Atarfe niega estafa en el caso de Medina Elvira

El exalcalde de Atarfe (Granada) Tomás Ruiz Maeso ha negado este lunes que haya existido una estafa en el caso de las licencias de primera ocupación de la macrourbanización Medina Elvira, en Atarfe (Granada), y ha defendido su actuación porque, si no hubiera sido por su intervención, "todo se hubiera hundido".

En declaraciones a los periodistas en la Audiencia de Granada, donde este lunes estaba previsto el juicio contra él y otros procesados que finalmente ha sido suspendido, Ruiz Maeso ha indicado que en 2010 logró que todos los negocios relacionados con Medina Elvira "duraran tres años más", pero fue imposible su continuación porque "la crisis se lo cargó todo al final".

Según ha explicado, cuando llegó a la Alcaldía recibió a algunos de los compradores de las viviendas reclamándoles la concesión de licencias de primera ocupación, "porque unos tenían y otros no", y por ello decidió acceder a ello: "Yo llevaba un mes de alcalde y no sabía que necesitaba más informes, pero a mí nadie me dice entonces que lo que yo hacía tenía consecuencias penales, me animan a que yo las dé porque estoy salvando la situación y estoy consiguiendo que se acabe la obra, exigiendo el que pongan un aval por 1,2 millones que garantice que se haga".

"Esa es toda mi exigencia, no doy una licencia condicionada, la doy garantizada con el dinero que tiene el banco para que se acabe la obra y la obra efectivamente está acabada", ha sostenido Ruiz Maeso, quien ha indicado que lo que hizo fue adelantar esas licencias de primera ocupación, que es lo que ha supuesto todo su "pecado".

Por ello, ha dicho no entender "por qué hay que tratar así a una persona que ha intentado sacar adelante a su pueblo y ayudar tanto a promotores, como a compradores y trabajadores afectados". "No entiendo por qué merezco este trato, cuando hay casos por ahí muchos más dolosos", ha dicho.

En lo que respecta a la posible responsabilidad civil subsidiaria en este caso del Ayuntamiento de Atarfe (hoy gobernada con Por Atarfe Sí, de Podemos), el exalcalde ha indicado que eso lo tendrán que decidir los jueces. No obstante, ha considerado que "no hay responsabilidad de ninguna clase por parte de nadie porque no ha habido una estafa".

"Si las viviendas se hubieran hecho los bloques de cartón de piedra sí habría estafa, pero estaban con toda la terminación y totalmente terminada la urbanización con los bordillos de granito y así está certificado por todos los técnicos. Sólo faltaba el empalme exterior del tubo que llevarían los saneamientos pero la gente estaba viviendo allí, tenía luz y agua, y la recogida de residuos era con camiones, que los llevaban a una depuradora", ha concluido.

ACUSADOS

En este caso de las licencias de primera ocupación de Medina Elvira, un macrocomplejo urbanístico que estaba llamado a convertirse en una urbanización de lujo dotada de instalaciones turísticas y comerciales y un campo de golf de 18 hoyos hoy abandonado, están acusados los exalcaldes de Atarfe Víctor Sánchez y Tomás Ruiz Maeso, aunque el primero no acude a las vistas previstas contra él por su delicado estado de salud.

Ruiz Maeso, y su antecesor se enfrentaban a dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística. También están acusados el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., y el secretario del Ayuntamiento, José Antonio L.G., para los que la Fiscalía pedía la misma pena que a los anteriores.

Asimismo, el Ministerio Público atribuía tres delitos continuados de estafa al representante legal de la mercantil Bareo Investments y Vladiglof --la empresa propietaria de los terrenos--, Orfeo B.R., y para los representantes legales de las promotoras Península Project, y Costaind y Costa Indálica, José G.V.L.G. y Marcelino M.D.F. Para cada uno de ellos solicita seis años de prisión y multa de 14.400 euros.

El juicio iba a celebrarse este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, pero el tribunal ha suspendido la vista para devolver el caso al Juzgado que lo instruyó, el Instrucción 4 de Granada, para que se pronuncie por un asunto relacionado con la responsabilidad civil subsidiaria.

El tribunal de la Sección Segunda ha atendido a la petición de las acusaciones particulares personadas, los propietarios de las viviendas afectados, a la que se han adherido las defensas y la propia Fiscalía. Concretamente, han pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral dictado en su día por Instrucción 4, por una serie de confusiones sobre la responsabilidad civil subsidiaria en este caso.

De hecho, entienden las acusaciones que deberían ser responsables civiles subsidiarios algunas entidades bancarias y el Ayuntamiento de Atarfe, a lo que el instructor se negó sin dejar abierta la posibilidad de recurso. Por ello, los magistrados han instado al instructor a dictar nuevo auto de juicio oral y que reelabore lo que respecta a la responsabilidad civil subsidiaria, dejando expresa mención a que sea una resolución recurrible.

En ese caso, las partes personadas podrían incluso pedir la retroacción de todas las actuaciones al inicio de la investigación, puesto que, en el caso del Ayuntamiento de Atarfe, que cambió de signo político en las pasadas elecciones municipales (de PSOE a Por Atarfe Sí), podría pedir su personación como parte perjudicada --ya que hasta ahora no lo ha estado--.

El tribunal no ha accedido a la solicitud de Ecologistas en Acción, la acusación popular, de que ya se acordara esa retroacción de las actuaciones, y ha alegado que hay que tener en cuenta el "volumen del proceso" y las "dificultades" del propio juicio. Por otra parte, ha indicado que si el caso se enjuicia y llega al Tribunal Supremo, éste podría instar la celebración de un nuevo juicio si no se solventa ahora la situación en lo que se refiere al auto de apertura, lo que supondría "tiempo desperdiciado y trabajo echado por tierra".

Por todo, ha declarado nulo el auto de apertura de juicio oral y conmina al juez instructor a que se pronuncie en lo que respecta a la responsabilidad civil subsidiaria y dicte una nueva resolución, que sea recurrible. En ese caso, también tendrá que tener en cuenta que las empresas inmobiliarias implicadas en este asunto están sometidas a una administración concursal.