El exalcalde de Otura declara ante el juez que el proceso para contratar obras era el "correcto"

El exalcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz, ha declarado ante el juez este lunes que entiende que el procedimiento administrativo que se siguió para la ejecución de la obra de dos aulas en el colegio infantil Virgen de la Paz de la localidad era el "correcto" puesto que "no hubo reparos" de los técnicos.

Así consta en la declaración del exalcalde otureño por el PP ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Fe, que lo ha citado este lunes en calidad de investigado por un posible delito de prevaricación en relación a la adjudicación y ejecución de distintas obras municipales durante su mandato, entre ellas la construcción de estas dos aulas escolares.

En su declaración judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, Fernández-Sanz ha indicado que los procedimientos administrativos eran "acordados por el arquitecto municipal y el ingeniero de caminos, canales y puertos", y que no recuerda si "por razón de la cuantía de la ejecución de la obra era necesario haber seguido un procedimiento negociado con publicidad, según las normas previstas" en la Ley de Contratos del Sector Público.

La obra "se adjudicó en verano y de forma urgente, ya que, por razones de interés público, había que adaptar las aulas antes del comienzo del curso escolar", ha señalado Fernández-Sanz, que se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación, que ejerce el Ayuntamiento, ahora gobernado por el socialista Nazario Montes.

En su última palabra, tras responder a las preguntas de su abogado, ha subrayado que la obra se realizó "por debajo de lo que se presupuestó y que fue por vía de urgencia por un problema muy grave para los niños que no podían estudiar" si no se ejecutaban los trabajos.

El caso se abrió a raíz de la denuncia presentada ante la Fiscalía por el Ayuntamiento de Otura, y en él también está siendo investigado el empresario al que se le adjudicaron estas obras, presuntamente sin seguir el procedimiento legalmente establecido o con reparos del interventor.

Según consta en un decreto emitido por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos que se investigan giran en torno a varias obras proyectadas entre 2009 y 2013 con un valor total superior a los 430.000 euros. Una de ellas es la terminación de una serie de trabajos en la plaza de la Constitución por importe de 57.125 euros y sobre la que existe un informe de reparo del interventor por ausencia de consignación presupuestaria para pagarlos.

La Fiscalía añade que se tramitó como un contrato menor, sin seguir el procedimiento legalmente establecido por tratarse de obras complementarias a otras efectuadas con cargo al Plan Proteja. En general, el Ministerio Público observa "importantes errores o deficiencias" en la tramitación de todos estos expedientes urbanísticos, con la "omisión de trámites esenciales".

No obstante, el fiscal pone especial atención en la ejecución de dos aulas en el citado colegio infantil por importe algo superior a los 70.000 euros. Los denunciantes sostienen que "se adjudicó al contratista investigado sin que conste procedimiento alguno que justifique ni la contratación ni el pago" y el fiscal les da razón en este punto.

Incide así en que, a tenor de su cuantía, que superó los 100.000 euros, "se omitió claramente" el procedimiento legalmente establecido adjudicándolo directamente al contratista que también está investigado en la causa, hechos que la Fiscalía denunció en su momento y que ya están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción 1 de Santa Fe.

Entre las diligencias que ha ordenado se encuentra, además de la declaración del exalcalde, la del contratista en calidad de investigados, y de la secretaria y un técnico del Ayuntamiento de Otura como testigos. Estos últimos han sido citados el próximo 23 de marzo, según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.