El exalcalde de Santa Fe será juzgado por presunta prevaricación en la contratación de 70 personas

El exalcalde de Santa Fe (Granada), el socialista Sergio Bueno, será juzgado en marzo del próximo año junto al que fuera concejal de Empleo por la contratación supuestamente irregular de unas 70 personas durante su etapa como regidor "contraviniendo la ley", con "informes desfavorables" de los técnicos y causando un "quebranto económico" a las arcas municipales.

El Juzgado de lo Penal 6 de Granada acaba de fijar para el 14 de marzo este juicio, en el que Sergio Bueno se enfrenta a una petición fiscal de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan a los meses de enero y febrero de 2012, cuando "siguiendo un plan preconcebido y a sabiendas de su injusticia", Bueno realizó "arbitrariamente" una serie de contratos temporales "contraviniendo consciente y voluntariamente" la normativa del Gobierno que limitaba a las administraciones públicas la contratación de personal.

Así, los puestos de trabajo firmados por el entonces alcalde de Santa Fe no se tramitaron supuestamente con la fórmula prevista en la ley para acreditar su excepcionalidad; esto es, que iban dirigidos a cubrir necesidades urgentes que afectaban al funcionamiento de servicios esenciales prestados por el Ayuntamiento.

Tampoco consta que se cumplieran "los principios de publicidad e igualdad que deben presidir toda contratación pública", ni obran en las actuaciones expedientes del área de Servicios Sociales en los que se hicieran constar los datos económicos, familiares o sociales de las personas empleadas que pudieran justificar su elección, relata el fiscal.

Sergio Bueno realizó una consulta previa a la Subdelegación del Gobierno en Granada respecto a estas contrataciones y aunque esta institución le informó de que si no se daban una serie de requisitos no podían llevarse a cabo, "se obviaron" estas recomendaciones.

De hecho, la mayoría de los contratos se celebraron, según el fiscal, con el informe desfavorable del técnico de la Administración General y con los reparos del Interventor del Ayuntamiento por no contar con consignación presupuestaria, lo que derivó en un "quebranto" a las arcas públicas.

El caso se abrió a raíz de una denuncia del grupo municipal del PP, que está personado en la causa como acusación particular y que, además de al exalcalde, acusa al concejal de Empleo y Medio Ambiente en el momento de hechos, Rafael Rodríguez. Solicita para cada uno de ellos la pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

La Fiscalía no acusa a este exconcejal por entender que no está acreditada su participación activa en los hechos hasta el punto de que pueda derivarse responsabilidad penal contra él.