El exconcejal de Patrimonio niega que recibiera "indicaciones" para ceder la Casa Ágreda a la ONG

El que fuera concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Granada cuando se tramitó el expediente de la Casa Ágreda, Eduardo Caracuel (PP), ha negado este miércoles ante el juez que recibiera "indicaciones" por parte del anterior equipo de gobierno 'popular' para la adjudicación del derecho de superficie de este inmueble patrimonial a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo.

Sí ha reconocido durante su declaración como testigo en la causa que se sigue por este asunto en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada que trasladó a la que en ese momento era concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), que le "convencían más otros procedimientos" puesto que su interés como político era "no despatrimonializar la ciudad", especialmente en lo relativo a edificios singulares como era este caso.

Lo hizo a raíz de que se le llamara con "poca antelación" a una reunión para abordar este tema junto al entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, la edil de Urbanismo y representantes de la citada ONG.

Después del encuentro se le dijo que la gestión de la Casa Ágreda se llevaría desde Urbanismo porque en este departamento contaban con los medios técnicos y personales para llevar a cabo una intervención "tan importante" como la que había que realizar allí y que la fórmula era compleja y sería el derecho de superficie, según consta en su declaración judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Pese a ello, afirma que ni Torres Hurtado, ni Nieto ni nadie del equipo de gobierno le manifestaron un "interés expreso" en que la adjudicación del derecho de superficie fuera para la ONG que finalmente lo obtuvo.

Este miércoles también ha comparecido, en este caso como investigada, la interventora tesorera en el momento de los hechos, la cual emitió un informe de fiscalización previo y formó parte de la mesa de contratación.

Esta funcionaria se ha pronunciado en similares términos que Caracuel en cuanto a un posible favoritismo en el procedimiento, negando que se le trasladara esta intención.

Además ha precisado que si la ONG ejercitaba la compra del inmueble no podría haberse dedicado a otro uso que no fuera equipamientos de Servicios de Interés Público y Social mientras no se modificara el PGOU y el Pepri Albaicín.

La interventora ha relatado, en cuanto a la delegación de competencias, que se siguió un procedimiento parecido al de otras ocasiones y que en su escrito se limitó a informar de si el negocio jurídico se adecuaba o no a la legislación vigente, fundamentalmente en los aspectos económicos, pero no era su competencia decidir qué figura jurídica era la más adecuada. En la mesa de contratación su labor fue comprobar que la documentación estuviese y que se adecuara a lo que decían los pliegos.

La previsión es que esta nueva ronda de declaraciones fijadas por el juez concluya este jueves con un nuevo testigo y un investigado en la causa, en la que están presuntamente implicadas un total de ocho personas, entre ellas el exalcalde de Granada José Torres Hurtado y la edil de Urbanismo Isabel Nieto. Ambos ya declararon en su día por este asunto.