El exconsejero Antonio Fernández niega haber dado instrucciones a Guerrero

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, aunque su defensa ha presentado un escrito en el que pide una remoción de la nueva imputación y niega haber dado instrucciones al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en relación con las ayudas a Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.

Y es que la juez Mercedes Alaya ha citado a declarar este miércoles al exconsejero del ramo para ampliarle la imputación en relación a las subvenciones a estas cuatro empresas, pero Antonio Fernández se ha acogido a su derecho a no declarar, tras lo que se ha celebrado una comparecencia en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha solicitado ninguna nueva medida cautelar contra el imputado.

En el escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Fernández pone de manifiesto que, en el auto donde la magistrada le ampliaba su imputación, "en absoluto se menciona" al imputado "ni se relatan hechos en los que el mismo participe o que le sean atribuibles" en relación a Hitemasa, mientras que en cuanto a Samec y Primayor "tan sólo se contiene una mención --"siguiendo instrucciones"-- absolutamente carente de soporte explicativo o acreditativo de su ajuste a la realidad".

"En tal panorama de ausencia completa de motivación, Fernández niega rotundamente haber dado instrucciones de ninguna clase" al entonces director general de Trabajo "en relación a ninguno de los citados expedientes --ni Hitemasa, ni Samec, ni Primayor, ni desde luego Inverjaén, sobre la que nada se dice en el auto--", por lo que "no hay méritos y resulta por entero improcedente" la ampliación de imputación.

Antes al contrario, "lo que resulta es la completa ausencia de cualquier responsabilidad personal del exconsejero en los referidos hechos: sea cual sea la entidad de estos, pues firmemente sostenemos que las cuestiones de inadecuación o falta de idoneidad administrativo-presupuestaria analizadas en la instrucción en torno al programa presupuestario 3.1.L de la Consejería de Empleo son cuestiones completamente alejadas del ámbito objetivo propio del Derecho Penal".

Por ello, concluye el escrito, "no cabe mecánica e injustificadamente transmutar 'inadecuación procedimental' en 'arbitrariedad' prevaricosa y malversadora".

También han comparecido este miércoles ante la instructora diez personas imputadas en relación a los dos ERE llevados a cabo en los años 2001 y 2004 por la empresa Hilados y Tejidos Malagueños S.A. (Hitemasa), de las que nueve se han acogido a su derecho a no declarar y únicamente una ha declarado.