El exconsejero delegado de Emucesa niega contrataciones irregulares a personas afines al PP

El exconsejero delegado de Emucesa, Eduardo Moral (PP), ha defendido este viernes ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada la legalidad de las contrataciones de altos cargos que realizó en esta entidad durante su etapa de gestión, incidiendo en que se trataba de puestos de confianza que sí trabajaron para la empresa y que no fueron elegidos por ser "afiliados o próximos al PP".

Moral, que fue concejal del PP hasta 2011, está investigado en esta causa junto a la todavía edil popular en el Ayuntamiento de Granada María Francés por varias contrataciones de altos cargos entre 2003 y 2012 en la empresa que gestiona el cementerio de Granada, a raíz de que varios informes técnicos hayan puesto de manifiesto que estas personas nunca llegaron a trabajar para la sociedad, que entonces era cien por cien pública.

Eduardo Moral ha señalado que el último contrato lo firmó en 2009 y en relación al proceso de selección ha defendido que eran puestos de alta dirección y confianza "a disposición del político" y que las funciones se circunscribían a la relación con la prensa, instituciones y proyectos, según han informado a Europa Press fuentes del caso. Aunque ha reconocido que no se realizaba un proceso de selección, ha negado que se eligiera a las personas por ser afines al PP, aunque las dos personas que contrató pertenecían a este partido.

No obstante, ha hecho hincapié en que necesitaba a estas personas para desempeñar su labor, negando que sea cierto que tuvieran una finalidad ajena a Emucesa. De hecho, se ha mostrado satisfecho con los encargos que le fueron encomendados a estas personas, entre los que ha citado relaciones institucionales, estudios vinculados a la actividad de la empresa municipal y trabajos administrativos.

El informe jurídico que Emucesa ha trasladado al Juzgado concluye que entre 2003 y 2012 se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de más de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.

Según el asesor jurídico de la entidad, la contratación del resto "se realizó realmente para fines ajenos a la actividad de Emucesa", lo que conllevaría la aplicación de recursos económicos de una sociedad mercantil que tiene carácter público y "capital entonces íntegramente municipal".

El asesor jurídico de Emucesa ratificó el pasado 13 de marzo este informe ante el juzgado en su declaración como testigo. La próxima en declarar será la concejal María Francés.