El Gobierno, a la espera de recibir la resolución judicial para el desmantelamiento de invernaderos de Albuñol

La Dirección General de Costas está a la espera de recibir la orden judicial correspondiente para levantar las instalaciones y retirar los materiales de los invernaderos de Albuñol, en la costa granadina, para la recuperación de los terrenos públicos sobre los que se asientan, después de que dicha resolución haya sido solicitada por los agricultores responsables de los mismos, personados en la zona este lunes, cuando estaba previsto que comenzaran los derribos.

Así lo ha explicado, a preguntas de los periodistas, el subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, quien ha explicado que el desmantelamiento de estos invernaderos se había previsto en principio para este lunes como "ejecución subsidiaria por cuenta del infractor" después de que "los ocupantes de las instalaciones" no procedieran a lo estipulado en las sentencias "firmes" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que restituyeran la propiedad a partir del 13 de enero de 2017.

Habida cuenta de que este lunes los agricultores, convocados en la zona por la plataforma en defensa del litoral de La Rábita y El Pozuelo, en el término municipal de Albuñol, han solicitado al personal de Costas y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí desplazados la orden judicial para el levantamiento de instalaciones y la retirada de materiales, desde la Subdelegación del Gobierno se está a la espera de que el juez remita la orden para la ejecución de la sentencia.

Desde el Gobierno se había entendido que "no iba a haber oposición por parte de los agricultores" a este desmantelamiento, ha precisado Francisco Fuentes, quien ha reiterado que "la actuación sí se va a realizar" cuando se reciba "la correspondiente orden judicial".

Fuentes ha recordado que en enero se estableció un plazo de diez días para que los agricultores procedieran al desmantelamiento de estos 116 invernaderos, con veinte días para "finalizar esas obras", o, de lo contrario, "se acordaría la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor".

La plataforma en defensa del litoral de La Rábita y El Pozuelo ya convocó una manifestación, el pasado viernes ante la Subdelegación del Gobierno, tras la que el abogado José Carlos López, en nombre de dicha plataforma, señaló que los agricultores siguen "creyendo todavía" que la "mediación" pueda paralizar el inicio de los derribos, partiendo de que tienen "todas las razones morales, éticas y hasta casi legales".

"Se va a ejecutar una sinrazón, un deslinde de hace 40 años, que no obedece para nada a la situación real actual y que, además, solo causa perjuicios", agregó López.

Estos terrenos, tras las inundaciones de 1973, que recuperaron al mar una considerable superficie, se consideraron "sobrantes, no necesarios al dominio público". En el año 2000 la Dirección General de Costas ratificó el deslinde aprobado en 1977, con base a uno previo de 1964, para la recuperación de estos terrenos que "se habían considerado sobrantes".

Los dueños de los invernaderos proponen "la realización de un nuevo deslinde actualizado del dominio público marítimo terrestre que tenga en cuenta la realidad física existente (línea de costa), así como su uso".