El Gobierno garantiza el bono social y prohíbe los cortes de luz a los consumidores más vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que establece el nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad y refuerza las medidas de protección para los consumidores vulnerables, prohibiendo la suspensión del suministro eléctrico para aquellos considerados severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales.

"Es un decreto ley que surge del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas para solucionar un problema de gran complejidad", aseguró el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, subrayando que con la aprobación de esta normativa se reestablece la financiación del bono social, que será asumida por las comercializadoras de electricidad.

De esta manera, se salva el carácter discriminatorio del anterior sistema, que había llevado al Tribunal Supremo a 'tumbarlo', ya que Nadal aseguró que ahora se incluye al 100% del sistema, mientras que antes sólo se incluía al 94%.

Además, la norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.

Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico (cárceles, hospitales, etc...).

DIFERENTES GRADOS DE CONSUMIDORES

Así, la normativa pasa a reconocer diferentes tipos de consumidores, que irán desde los ordinarios, aquellos que pueden hacer frente a la factura sin problemas; pasando por aquellos vulnerables que seguirán recibiendo ese descuento del 25% sobre el precio de la factura, hasta los vulnerables extremos o severos.

Nadal consideró que así se amplía "la posibilidad de definición más variada de consumidor vulnerable", permitiendo "intensidades de ayuda diferentes" en función de sus necesidades de su renta, algo que podrá ser más definido en el desarrollo de los reglamentos que se consensuarán con las distintas fuerzas políticas.

En el caso de los vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales, se prohíbe la suspensión del suministro eléctrico.

LAS ELÉCTRICAS COFINANCIARÁN LOS GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES

Asimismo, se establece que las comercializadoras cofinanciarán una parte de los gastos de las administraciones competentes que estén ya realizando para atender a estos consumidores.

Además, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago.

A este respecto, cuando se ponga en marcha un impago, la compañía tendrá la obligación de comunicar al consumidor el inicio del proceso. Además, antes de proceder al corte de luz, tendrá que contactar con los servicios sociales para comprobar si se trata de un consumidor "extremadamente vulnerable", ya que en caso de ser así no se podrá proceder a la suspensión del suministro, añadió Nadal.

Otra de las vertientes de la normativa es la referente a las medidas de transparencia a la comercialización, con la inclusión de un índice que permita la comparación de las diferentes ofertas, al igual que sucede en el sector financiero con el TAE, indicó el ministro.

El Gobierno prevé desarrollar en el plazo de tres meses la normativa necesaria para establecer los términos y condiciones de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.

Así, Nadal insistió en la necesidad de coordinar a todas las partes implicadas -fuerzas políticas, comunidades autónomas y corporaciones locales- con la mayor diligencia para que el sistema opere cuanto antes "a pleno rendimiento", ya que el desarrollo normativo necesita del visto bueno de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado.

El bono social supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y pueden acogerse a él los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social.

Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo.