El interventor afirma que ni beneficiaros ni administración han cumplido con la legislación aplicable

El interventor provincial de la Junta en Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, ha afirmado este lunes que ni los beneficiarios ni la Administración que concedía los cursos de formación han cumplido con la legislación aplicable.

Gutiérrez es el cuarto interventor provincial de la Junta, tras los de Almería, Cádiz y Córdoba, que comparece ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad.

Durante su comparecencia, Gutiérrez Pedrosa ha advertido de que "los beneficiarios prácticamente no cumplen con las obligaciones que impone la norma", así como que "la administración también actúa mal porque no exige que se cumpla". Ni unos ni otros, ha dicho, "pueden irse de rositas en esta historia".

El interventor de Granada ha manifestado, sobre un posible menoscabo de fondos públicos, que no puede decir que haya menoscabo, "pero tampoco puedo decir que no lo ha habido. Mentiría si dijera lo contrario", ha apostillado.

Además, también ha criticado el "desorden" con el que recibían los expedientes, dado que incluso tuvieron que moverse a distintas sedes para acceder a los expedientes, o con carpetas que decían contener ciertos expedientes y luego "estaban vacías", así como ha denunciado la falta de experiencia en este asunto del personal y de él mismo: "yo me lo comí y yo me lo guisé, era la primera vez que hacía un informe así". "Fue un trabajo que nos vino de sopetón y nos superó", más cuando "es un régimen de subvenciones de los más complejos que existen", ha dicho en otro momento de la intervención.

Tras advertir de su poca experiencia en este tipo de subvenciones puesto que adquirió las competencias en enero de 2012, Gutiérrez Pedrosa ha afirmado que en los 82 expedientes revisados como muestra del informe especial "todos presentaban alguna irregularidad", aunque algunas, ha indicado, eran por "formalidades", como la falta de algún documento.

Acerca de si tras sus recomendaciones se han llevado a cabo expedientes de reintegro, Gutiérrez Pedrosa ha dicho que no le consta, aunque "me dicen que se han hecho, pero no tengo constancia de que haya sido así".

"EL REGLAMENTO ES DE 1988"

Gutiérrez Pedrosa ha puesto de manifiesto también que los interventores trabajan en base a un reglamento "de 1988" y aunque entiende que "desde entonces a esta fecha ha llovido mucho", ha asegurado que este es "nuestro libro de cabecera, con esto actuamos".

De la misma manera, ha señalado que los informes de auditoría "es la clave para que todo estuviera perfecto" pero "parece que se hubieran hecho exprofeso para la empresa que lo haya pedido", a la par que ha explicado que "las órdenes son largas y en cierto modo exhaustivas, lo que pasa es que a lo mejor se han escapado cosas, no por mala fe, sino porque técnicamente se le escapen detalles que a cualquiera se pueden escapar".

Gutiérrez Pedrosa ha subrayado que ha pedido a la Intervención General informe de actuación "por prudencia" para conocer si hay menoscabo de fondos, y que compete a ésta decidir si sigue adelante o no, mientras que ha defendido que todos los informes elaborados por su intervención "son totalmente imparciales". "Si mandan un expediente sin nada ¿qué tenemos que decir, que lo tiene todo?", se ha preguntado.

Además, ha negado rotundamente, a preguntas de los socialistas, que haya recibido alguna orden de sus superiores para que no hiciera su trabajo como lo tenía que hacer, "y si la hubiera tenido lo digo aquí".

La representante del PSOE-A en la comisión, Marisa Bustinduy, ha incidido en que el desorden en los expedientes se debía a la mudanza de los servicios administrativos, "una circunstancia que explica la dificultad para aportar en plazo la documentación reclamada para el control y el desorden detectado", algo que ha sido corroborado por el interventor de la Junta en Granada; así como ha explicado, a preguntas de la socialista, que si alguna irregularidad de los expedientes respondía a falta de documentación, "no es que no existiera, sino que no nos constaba".

Jaime Raynaud, parlamentario del PP-A, ha preguntado al interventor por los incumplimientos "reiterados" en los expedientes, que el granadino a tildado de "anormal". El interventor ha rehusado contestar otras cuestiones del popular como si las exoneraciones masivas habrían sido un método para permitir fraude.

Por Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe ha repartido tres expedientes a todos los miembros de la comisión, incluido el compareciente, para preguntar por las exceptuaciones, exoneraciones o si ha habido amnistías en algunos casos, y para definir el interés social en los cursos de formación, algo que, como ha indicado el interventor, "es un concepto jurídico indeterminado" y difícil de concretar.

Preguntado por Marta Bosquet, de Ciudadanos, sobre que algunas de estas subvenciones no fueran concedidas por concurrencia competitiva, el interventor de Granada ha asumido que le da "más confianza" cuando es por concurrencia competitiva, si bien entiende que hay casos concretos que requieran de esta forma. Así, Bosquet ha dicho quedarse "sin palabras" cuando Gutiérrez Pedrosa ha explicado que le remitieron la manual del usuario del programa de gestión de cursos cuando solicitó al órgano gestor la documentación de criterios de selección de alumnos.

La parlamentaria de IULV-CA, Elena Cortés, ha pedido al interventor que pusiera algún ejemplo de algunas subvenciones que no registraran irregularidades, y éste ha defendido que lo que ha fiscalizado en Salud o Igualdad "se ha hecho bien", si bien, a preguntas de la diputada, ha asumido que "no es normal" que en el informe de consolidación de la Intervención aparecieran irregularidades en todas las provincias.