El juez decidirá si imputa a la infanta tras estudiar dos últimos informes

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, esperará a tener en sus manos los dos últimos informes que espera recibir de la Agencia Tributaria, otro de la Policía Nacional y diversos datos bancarios relativos a la Infanta Cristina antes de pronunciarse en torno a la imputación de la hija del Rey, por lo que, aunque la Fiscalía Anticorrupción se haya adelantado a todas estas pruebas oponiéndose al encausamiento, el magistrado quiere tener reunidos todos estos datos antes de adoptar su decisión, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Así, una vez el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma analice toda la documentación, relacionada principalmente con las salidas de fondos de la empresa Aizoon -mercantil propiedad de los Duques de Palma que se nutrió con los fondos que de forma presuntamente ilícita obtuvo el Instituto Nóos- decidirá si acuerda la imputación de la Infanta por presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, no sin antes consultar a las acusaciones del caso Nóos.

El hecho de que el fiscal Pedro Horrach presentase este jueves un escrito en el que apunta a la "inexistencia absoluta de indicios de criminalidad", no varía de este modo las pretensiones del magistrado de esperar a aunar todos los datos pertinentes a la mujer de Iñaki Urdangarin, lo que se espera en breve, y dar traslado de los mismos a las partes acusadoras del proceso.

En concreto, Castro está pendiente de que la AEAT le informe acerca de si las salidas de fondos de varias cuentas de Aizoon corrían a cargo de la hija del Rey para sus gastos personales, diligencia que permitirá determinar el destino exacto que se dio a los fondos de la empresa, y más en concreto si éstos fueron a parar a las obras de rehabilitación del conocido como palacete de Pedralbes o a otras atenciones personales y familiares de la hija del Rey.

Asimismo, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional debe entregar sus últimos análisis en torno a las numerosas facturas expedidas por Aizoon por encargos que se hicieron a distintos proveedores que llevaron a cabo la reforma y el mantenimiento de la vivienda barcelonesa de los Duques. Del mismo modo, el magistrado ha solicitado a una entidad bancaria que remita información en torno a los movimientos producidos en diciembre de 2006 y enero de 2007 en una cuenta de ahorro titularidad de Iñaki Urdangarin y en la que tenía firma autorizada la Infanta Cristina.

Y ello en relación a los 150.000 euros que, según información bancaria incorporada a la causa, fueron traspasados, el 27 de diciembre de 2006, desde Aizoon a la cuenta bancaria cuyo titular es Urdangarin y autorizada su mujer. Y es que, según los investigadores, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible conocimiento del origen ilícito y delictivo de estos fondos.

ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LUJO CON FONDOS DE AIZOON

Entre estos gastos se encuentran los relativos a la adquisición y montaje de hasta 72 muebles y elementos del hogar como estanterías, butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal, compras que fueron cargadas a Aizoon por unos 139.000 euros. De la misma manera, los Duques utilizaron esta empresa para alquilar tres estufas de jardín, cuya instalación en su vivienda de Pedralbes coincidió con la celebración del 40 aniversario del yerno del Rey y generó un gasto de 242 euros.

Las pesquisas van asimismo encaminadas a averiguar si la Duquesa de Palma defraudó a la Agencia Tributaria, al facturar a Aizoon servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF. De hecho, la Audiencia Provincial sostiene que si Aizoon estaba participada al 50 por ciento por la Infanta, no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudatoria, no se entiende que sólo se atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin).

Al respecto, la Audiencia, en el auto por el que dejaba las puertas abiertas a que la Infanta fuese investigada por presunto delito fiscal o de blanqueo, señalaba que ésta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda", tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".