El juez embarga la mitad del 'palacete' de los Duques de Palma
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa del 'palacete' de Pedralbes, propiedad al cincuenta por ciento de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, después de que el Duque de Palma no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres -por un importe de 8,2 millones que posteriormente quedó reducida en 6,1 tras descontarle el IVA-.
El magistrado ha dictado este lunes un auto mediante el que embarga no sólo la mitad del inmueble ubicado en la calle Elisenda de Pinós de Barcelona, sino también la de otras tres viviendas, dos trasteros y dos garajes situados en Palma y Terrassa, e inscritos a nombre de la mercantil Aizoon, titularidad también de los Duques e investigada por haber servido al matrimonio para presuntamente blanquear fondos y defraudar a Hacienda.
En cuanto a Torres, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha causado el embargo de la mitad de siete inmuebles ubicados en Sant Cugat del Vallés, Mataró, Mahón y en la capital balear, algunos de los cuales también están inscritos a nombre de otras empresas investigadas en la trama -Intuit Strategy Innovation, Virtual Strategies, Shiriaimasu y Nóos Consultoría Estratégica-.
La incautación de todos estos inmuebles permitirá cubrir la caución reclamada por el juez, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En su resolución, el juez ha librado mandamientos mediante los que se requiere que tanto Torres como Urdangarin faciliten los datos registrales de las anteriores fincas.
Tanto Urdangarin como Torres recurrieron el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, debido a la cual se vería abocado a un "injusto empobrecimiento".
"EL DUQUE Y TORRES NO SON LOS ÚNICOS CRIMINALMENTE RESPONSABLES"
En su auto de responsabilidad civil, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".
