El juez imputa al consejo de administración de Invercaria
El juez que investiga supuestas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha citado a declarar como imputadas a cinco personas, todas ellas integrantes del consejo de administración de dicha empresa pública, en el marco de la investigación relacionada con la iniciativa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y cita a declarar entre los próximos días 28 y 31 de octubre al exdirector de Administración de IDEA Juan Vela Quiroga; al consejero de Invercaria Ramón Martínez López y a la exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta Isabel de Haro.
El instructor también cita a declarar al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete y al director de Inversiones Estratégicas de IDEA, Bienvenido Martínez, a todos los cuales imputa los presuntos delitos societarios y de malversación de caudales públicos, tal y como informa en su edición de este jueves ‘ABC’. De esta manera, en la causa ya hay un total de 14 personas imputadas, entre ellas los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz.
Antes de verano ya comparecieron ante el juez los nueve primeros imputados, como son, además de Pérez-Sauquillo y Gómiz, el exdirector financiero de esta empresa pública Antonio Nieto Garrido; el consejero delegado de Novasoft, Francisco José Barrionuevo; los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill; el exdirector general de FIVA José Luis Hidalgo; Gonzalo Alba, exdirector de Coordinación de Invercaria y exsecretario del consejo de administración de FIVA, y Manuel Jesús Rodríguez, analista de Invercaria.
El magistrado recuerda que, según el Ministerio Público, “consta en las actuaciones que las decisiones de inversión en FIVA y la salida de Novasoft fueron conocidas y aprobadas en las sesiones del consejo de administración de Invercaria, lo que supone que, de forma indiciaria y provisional, los miembros del consejo tuvieron conocimiento y participación de la decisión de realizar las operaciones de inversión descritas que pudieran ser constitutivas de un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal y de un presunto delito societario del artículo 259″.
De otro lado, el magistrado pide a Invercaria que entregue al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía “toda la información adicional” sobre la participación de los técnicos y directivos de dicha entidad en las operaciones de inversión que son objeto de la instrucción, debiendo aportar además “todos los listados de gastos de representación y agenda” de los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, así como de Manuel Jesús Rodríguez, Gonzalo Alba, Antonio Nieto Garrido, y Cristóbal Cantos, denunciante del caso y cuya imputación ha sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
PETICIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
En una segunda providencia, el juez instructor requiere a Invercaria para que entregue al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía “toda la documentación relativa al pago de indemnizaciones y finiquitos por extinción de relación laboral, bien sea baja de forma voluntaria, bien por despido o bien por finalización del contrato”, en el plazo temporal que va desde la constitución de la sociedad hasta el ejercicio 2012, “entendiendo que se debe acompañar los contratos de trabajo celebrados”.
Asimismo, pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que designe dos peritos a fin de “proceder a la emisión de un informe sobre justificación técnica e irregularidades y deficiencias, en su caso, de cada una de las operaciones de entrada en capital y concesión de préstamos con fondos propios de Invercaria, así como de la operativa como entidad de capital riesgo de la reseñada sociedad pública desde su constitución”.
La inversión en FIVA fue un proyecto fallido de Invercaria y costó a las arcas públicas un total de 1,7 millones de euros.
