El juez investiga a 28 personas por supuesta adjudicación fraudulenta de contratos en la Alhambra

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga ya a un total de 28 personas por la supuesta "adjudicación fraudulenta" de contratos públicos en la Alhambra, entre los que se encuentran los anteriores gestores del monumento, trabajadores y empresarios que, formando una presunta "trama corrupta", habrían ocasionado un perjuicio a las arcas públicas de 5,8 millones de euros, según las primeras estimaciones del juez instructor.

Este auto fechado el 5 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, se produce después de que el 8 de mayo la Policía Nacional desplegara en Granada la llamada 'Operación Colina Roja II', que se saldó con la detención de 26 personas, entre ellos la exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca y la exsecretaria general del monumento Victoria Chamorro.

Todos los detenidos quedaron en libertad tras declarar ante la Policía y a la espera de ser llamados por el juez, que en este reciente auto expone las principales conclusiones del caso tras examinar "la amplia documentación aportada", incluyendo contratos, declaraciones policiales y demás actuaciones.

El magistrado ve "indicios objetivos de la comisión de delitos de defraudación en la contratación, falsedades, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y corrupción negocial", todo ello formando una "organización" criminal" que presuntamente posibilitó "la adjudicación fraudulenta de contratos públicos". Esto supuestamente permitió "el sostenimiento de una red clientelar de empresas y trabajadores del Patronato de la Alhambra".

El juez ve indicios de que parte de los dirigentes del monumento, así como en ocasiones personal de empresas externas y otro personal del patronato que lo gestiona, crearon "una serie de necesidades ficticias" con el único fin de iniciar un procedimiento de contratación que estaba adjudicado "de antemano", sosteniendo así "una red de trabajadores externos al patronato y empresas amigas".

El juez se refiere a la adjudicación de contratos menores "a capricho", haciendo "caso omiso" a las recomendaciones dictadas por la Cámara de Cuentas y usando esta fórmula de forma "muy frecuente" para la adjudicación directa, sin que conste "ni un documento que acredite la real, efectiva y correcta realización" de los servicios adjudicados.

Esta presunta "estructura criminal" habría usado igualmente, entre otras fórmulas, el procedimiento de "negociado sin publicidad" con empresas "conniventes" que luego presentaban cartas de renuncia quedando solo una como posible adjudicataria y evitando así que hubiera una concurrencia real.

Además del perjuicio de 5,8 millones de euros inicialmente estimado, los informes patrimoniales que se han realizado arrojan "un importante incremento patrimonial producido en todas las personas" que han intervenido en esta presunta "trama corrupta".

Respecto a la anterior directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, que dimitió en 2015 por el llamado caso de las audioguías, de la que se deriva esta causa, el juez ve "imposible justificar que lo que se ha venido produciendo" se haya realizado "sin su consentimiento o debido a su delegación y confianza plena en el personal a su cargo, más aun cuando ha quedado demostrado documentalmente que era puntualmente informada de todo por la secretaria general".

Villafranca se encuentra entre los 13 "integrantes del Patronato de la Alhambra" que investiga el Juzgado, a los que hay que sumar empresarios que recibieron adjudicaciones presuntamente irregulares y personas que mantenían relaciones de amistad con los dirigentes del monumento.

Para el juez todos ellos formaron una organización criminal "pensada y conformada especialmente" por la exsecretaria general del monumento y el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra "con la participación concertada e indispensable del resto de personas".