El juicio contra los acusados de una trama corrupta en el Catastro se retoma este martes
Los acusados, entre los que se encuentran dos funcionarios se enfrentan a penas de entre 18 años y cuatro años y medio de cárcel
El juicio contra los acusados por la presunta trama corrupta que supuestamente alteró durante ocho años información de las bases de datos del Catastro de Granada se retomará este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
Los acusados, entre los que se encuentran dos funcionarios del Catastro, un empleado de una notaría de Albuñol, un abogado y empresarios, se enfrentan a penas de entre 18 años y cuatro años y medio de cárcel por presuntamente formar parte de esta trama en la que se habría alterado información de las bases de datos con la supuesta participación de estos funcionarios a cambio de dinero.
El juicio arrancó el pasado 14 de enero y se dedicó a las cuestiones previas, por lo que en esta segunda sesión está previsto que declaren los acusados, aunque las partes no descartan llegar a un acuerdo que evite que el juicio se prolongue hasta el 27 de febrero como está señalado.
Entre los nueve acusados inicialmente había un arquitecto, el cual falleció hace unos meses, y un empresario para el que su defensa ha pedido el sobreseimiento provisional por motivos de salud, pues tiene 80 años y problemas de corazón.
La Sala debe pronunciarse sobre este asunto y sobre lo planteado por la defensa de uno de los funcionarios acusados, que ha pedido la nulidad de parte de la prueba practicada por vulneración de derechos fundamentales en relación al auto que acordó el volcado de correos electrónicos que fueron investigados y por falta de control de la cadena de custodia de ese material.
La Sala sí aceptó el pasado 14 de enero la petición de excluir del enjuiciamiento el delito de estafa agravada por el que solo acusaba la Junta de Andalucía, en tanto que no se incluyó en los momentos procesales oportunos y a ninguno de los acusados se les ha tomado declaración en este sentido durante la instrucción.
La Audiencia también ha aceptado la petición de la Fiscalía de que declare el 5 de febrero por videoconferencia como testigo un comandante de la Guardia Civil que no ha sido propuesto con anterioridad "por olvido" y que fue quien inició la investigación que ha dado lugar a este procedimiento.
LA CAUSA
La Fiscalía atribuye a los acusados delitos continuados de falsedad en documento público y de cohecho, aunque a los funcionarios suma otros dos delitos de infidelidad en la custodia de documentos, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
El asunto fue investigado por el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, que determinó que, al menos en el periodo comprendido entre marzo de 2005 y mediados de 2013, dos funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada se sirvieron de sus puestos para alterar información de las bases de datos de esta oficina para obtener certificaciones catastrales en el sentido solicitado por los interesados a cambio de dinero.
El fiscal hace hincapié en que los datos del Catastro tienen una presunción de certeza, por lo que estas falsedades tienen una especial relevancia y su perjuicio es mayor que si se produjera en otros documentos.
Además, el uso dado a las certificaciones falsas ha sido muy diverso, en función de los intereses de las personas que las instaban y, "desgraciadamente", se desconoce sus efectos dada la presunción de veracidad de esta oficina pública, según relataba el fiscal. Así, algunas de estas certificaciones se han incorporado a expedientes municipales en áreas de urbanismo, a protocolos notariales y a Registros de la Propiedad.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil determinó que las modificaciones catastrales se instaron a través de varias vías: por un empleado de una notaría de Albuñol, por un despacho de arquitectos, por dos mercantiles y por un abogado.
