El juicio del 'caso Romanones' ve modificado su calendario y prevé concluir el 21 de marzo 2017
La acusación particular, que representa al denunciante de los supuestos abusos, ha solicitado por su parte una condena de 26 años de cárcel y la acusación popular, que ejerce Prodeni, ha pedido 15 años
El calendario de sesiones de la vista oral del llamado 'Caso Romanones', fijada para marzo del año que viene y en el que está procesado por supuestos abusos sexuales a un menor desde 2004 hasta 2007 el padre Román M.V.C., que se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de prisión, ha experimentado una modificación, de modo que las últimas dos jornadas, previstas para los días 15 y 16 de marzo de 2017, se celebrarán los días 20 y 21 de dicho mes en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
Así lo han indicado este sábado a Europa Press fuentes del caso, que han señalado que el cambio de calendario, notificado por la Audiencia granadina a través de una diligencia de ordenación, obedece a que dichas dos jornadas coincidían con otro juicio en el que participa el letrado de la acusación particular, que representa al denunciante de los supuestos abusos.
Ante ello, la Audiencia ha acordado pasar a los días 20 y 21 de marzo las sesiones que se iban a celebrar los días 15 y 16 y con las que estaba previsto que concluyera la vista oral, que arrancará el 6 de marzo de 2017 y que se verá así interrumpida por unos días, desde el día 14 hasta que se reanude el 20.
Según constaba en el auto en el que se ordenaba el calendario del juicio, está previsto que el joven que denunció los supuestos abusos declare el día 8 y el arzobispo de Granada, Javier Martínez, lo haga como testigo el día 10.
Junto a ellos declararán en calidad de testigos varios sacerdotes y seglares que inicialmente estuvieron investigados en la causa, que llegó a tener doce imputados.
El tribunal expuso en el auto el conjunto de pruebas admitidas de las propuestas por las partes y resolvió que la petición de nulidad del expediente canónico solicitado por la defensa del padre Román se analice como cuestión previa en el inicio del juicio.
La defensa, ejercida por el letrado Javier Muriel, argumentó en su momento que este expediente canónico había sido traído a la causa en "forma contraria a derecho", al "violentar derechos fundamentales y otras normas vinculantes tanto nacionales como internacionales".
La defensa pidió a finales de julio la libre absolución para el padre Román, que en la declaración indagatoria que tuvo lugar en diciembre de 2015 negó haber abusado sexualmente del denunciante de los hechos cuando éste era menor de edad y afirmó que nunca se "exhibió desnudo" ante él, por el que sentía "el amor fraterno" de un sacerdote que "acoge" a las personas que acuden a su parroquia.
La acusación particular, que representa al denunciante de los supuestos abusos, ha solicitado por su parte una condena de 26 años de cárcel y la acusación popular, que ejerce Prodeni, ha pedido 15 años.
El Arzobispado de Granada trasladó a principios de octubre un breve escrito a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el que expuso su disconformidad con la responsabilidad civil subsidiaria que se le presupone en el caso.
Igualmente, discrepó de las calificaciones hechas por la Fiscalía y el resto de las acusaciones y manifestó su deseo de que se esclarezca "la verdad".
El Arzobispado de Granada se personó en diciembre del año pasado en el caso como posible responsable civil subsidiario después de que le instara a hacerlo el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investigó los hechos, además de prestar una fianza de 50.000 euros.
CRONOLOGÍA
El caso se hizo público el noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas, diez sacerdotes y dos laicos.
La Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a once de ellas, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo.
Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.
Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".
