El juzgado absuelve al alcalde de Huétor Tájar de prevaricación medioambiental

El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha absuelto al alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, del delito de prevaricación medioambiental por el que fue juzgado a finales de noviembre por una serie de ruidos que denunció haber sufrido durante años una vecina a raíz de las obras de ampliación en un supermercado de la localidad.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado descarta por una parte que los ruidos fueran susceptibles de crear un riesgo para la salud y ve una falta "clara" de pruebas contra el regidor en este asunto, pues "en ningún momento" actuó de forma contraria a la ley, añade.

La Fiscalía pedía para él dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante otros siete años por entender que hubo "pasividad" por parte del Ayuntamiento y una "omisión absoluta" de sus obligaciones haciendo "caso omiso de las quejas y reclamaciones de la perjudicada".

El juzgado descarta estos extremos y no ve acreditado que el regidor haya "silenciado" la infracción de leyes que regulen la actividad del establecimiento o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio.

Por el contrario, sostiene que de las actuaciones se desprende que actuó con arreglo a los informes favorables que se emitieron al respecto y en ningún momento concedió licencia administrativa de manera individualizada a este local, toda vez que se dieron siempre por la Junta de Gobierno municipal.

Agrega la sentencia que los técnicos "controlaron en todo momento las medidas impuestas en relación a la actividad comercial" y "que se cumplieron", circunstancia que han confirmado los funcionarios municipales.

En la causa también estaba acusado el dueño del supermercado que llevó a cabo las obras de reforma en 2006, el cual también ha sido absuelto del delito relativo al medio ambiente por el que había sido acusado.

Delgado vinculó en su momento esta causa con una "enemistad" entre el dueño del supermercado y la vecina afectada, además de a motivos políticos. Defendió su inocencia y declaró que la supuesta afectada había puesto impedimentos para las mediciones de ruido en su domicilio, extremo que también confirma la sentencia, contra la que cabe recurso.