El Juzgado de Alaya embarga la pensión a un exalto cargo de la Junta para cubrir una fianza de 33,9 millones
Nueva actuación en el caso de los ERE
Manrique Pascual
El Juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha decretado el embargo de la pensión del exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo de la Junta Juan Francisco Sánchez a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 33,9 millones de euros que le impuso la juez Mercedes Alaya.
Por medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria judicial señala que los bienes embargados hasta el momento al imputado, como son tres cuentas bancarias y dos coches, son "a todas luces insuficientes" para cubrir la fianza civil, señalando que las cuentas no contenían "ni 300 euros".
Además, uno de los dos coches embargados "se encuentra afectado por una reserva de dominio", por lo que para poder cubrir "nada menos" que la cantidad de 33,9 millones de euros "se estima que procede acordar la mejora de embargo" sobre "las retribuciones, rentas, sueldos o pensiones que percibe este imputado como empleado por cuenta ajena" de IDEA.
"Y ello por cuanto ningún otro bien, ya sea mueble o inmueble, consta como titularidad del imputado conforme se desprende de la averiguación de bienes efectuada" a través del sistema telemático del Punto Neutro Judicial (CGPJ).
La secretaria, que ya embargó su pensión, por ejemplo, al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, libra oficio a IDEA "para que se haga efectivo el embargo trabado".
Hay que recordar que el Juzgado también impuso fianzas civiles millonarias a otros dos exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, como son Javier Aguado, que deberá hacer frente a una cantidad ascendente a cinco millones, y Lourdes Medina, para quien fijó una fianza civil de un millón de euros.
A la hora de fijar la fianza civil correspondiente a Juan Francisco Sánchez, que ocupó el cargo entre 2000 y 2004, la juez Alaya tuvo en cuenta que fue "activo conocedor y partícipe del procedimiento seguido para la concesión y pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L y de su presupuestación a lo largo de la década investigada", llegando a tramitar hasta 12 modificaciones presupuestarias que ascendieron a 127,3 millones.
