El lobo ibérico ya está en el rango 'peligro de extinción' en Andalucía

Ecologistas en Acción-Andalucía ha destacado, en nombre de todos los colectivos y organizaciones hispano-lusas firmantes de un documento registrado el pasado 13 de marzo, la actuación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y especialmente del director general del Medio Natural, Javier Madrid, en cuanto a lo que 'de facto' supone atender la petición de dicho documento e incluir al lobo ibérico en la categoría 'en peligro de extinción' en la región.

No pasa inadvertido para esta organización, según ha expuesto en un comunicado, que sea este cargo político "una de las figuras más directamente relacionadas con el incumplimiento jurídico que la administración venía perpetrando al no catalogar adecuadamente al lobo ibérico según sus requerimientos y precario estado poblacional".

"Su reiterada negativa y la de la propia Consejería ante las demandas históricas ciudadanas está siendo estudiada por los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción de cara a interponer denuncia penal por un posible delito de prevaricación administrativa", ha asegurado la federación, para la que la estimación de la catalogación solicitada por las 16 ONG "ha sido producto del desconocimiento o la falta de celo de la administración para con su propia normativa ambiental, al dejar pasar el plazo sin contestar a los solicitantes".

Con todo, Ecologistas dirigirá escrito al consejero del ramo, José Fiscal, para que "de forma inmediata y mediante orden" proceda a incluir y publicar en boletín oficial al lobo ibérico dentro de la categoría 'En Peligro', tal y como establece la propia norma para estos casos.

De no cumplir con lo establecido, la asociación se reservará las acciones judiciales que estime oportunas para salvar de la extinción a esta "importantísima" especie en la salud de los ecosistemas. Asimismo, esta nueva catalogación requiere obligatoriamente de la redacción y puesta en marcha de un Plan de Recuperación que incluya garantías técnicas, jurídicas y económicas y que, de no ejecutarse, también serán objeto de las pertinentes denuncias ante los juzgados.