El mundo rural granadino se rebela contra las macrogranjas

Proliferación de insectos, contaminación de las aguas y el aire, olores nausebundos y vertidos.  La despoblación progresiva sufrida en las zonas rurales de la provincia de Granada en los últimos 40 años no han traído únicamente problemas de índole demográfica. Si elaborásemos un mapa, las cientos de hectáreas abandonadas han supuesto un caramelo en dulce para la ganadería intensiva, contracultural antaño para el paisaje del campo granadino, con las macrogranjas como protagonistas prototípicos de un cambio en el cuadro ambiental, ecológico y proveedor de recursos en la actualidad.  Teniendo esto en cuenta y tomando como ejemplo el rechazo social y político a la construcción de una nueva macrogranja en Baza, la situación parece estar cambiando.

El caso, con un recorrido de prácticamente un año desde que el proyecto se puso encima de la mesa en 2018, consiguió un consenso prácticamente generalizado entre oposición y equipo de gobierno cuando se conocieron las condiciones. El contexto es fundamental para entender el porqué de esta unidad. La oposición de las zonas despobladas de la meseta tiene gran parte de la culpa de que estas empresas se hayan ido fijando progresivamente en el altiplano granadino. Pueblos como Riofrío del Llano, en Guadalajara, ya se ha pueato en pie de guerra para parar la instalación de una de ellas, algo que no sucedió en otros muchos pueblos de la comunidad autónoma. En menos de dos años, desde 2016 aproximadamente, la conciencia creada ante este tipo de proyectos está siendo tal que las protestas se han reproducido en la Serranía de Cuenca, donde las localidades de Portilla, Villalba de la Sierra y Zarzuela mantienen aún una batalla judicial para que no llegue a construirse una macrogranja con más de 2.600 cerdos con lechones, a la que además iba a acompañar una incineradora. Las razones: estos pueblos prácticamente despoblados comienzan a vivir económicamente del turismo rural y temen la explotación ambiental que puede suponer para la zona.

Pero ¿Qué hace que miles de residentes en estas poblaciones se movilicen para evitar el establecimiento de este tipo de instalaciones? La base sobre la que se circunscribe el problema es una concatenación de elementos difícil de entender para quienes están fuera del sector ambiental y agroalimentario. A grandes rasgos, el funcionamiento de una granja tiene que ver con la alimentación y el número de cerdos hacinados en la misma. El objetivo de estas macrogranjas es potenciar al máximo la producción, por lo que se incluyen el máximo número de cerdos por hectáreas permitidos por ley, focalizando asimismo en cebar lo máximo posible a los animales. Lo que prende la mecha de la insostenibilidad y la destrucción paulatina del entorno natural en el que se encuentran es, por un lado, la inclusión de antibióticos en el cebo del pienso en la alimentación de los cerdos para favorecer ese engorde, y por otro, las malas condiciones, de un hacinamiento, cruel en muchas ocasiones, en que estos se encuentran.

Esto deriva en una suerte de vertidos, purines en su nombre específico, que revierte en la contaminación del agua y el aire en una extensión de decenas de kilómetros. "El problema real se encuentra ahí, en los vertidos, no en el agua utilizada, que si hacemos la comparativa, tampoco es tanta" apunta Jose Antonio Cabrera de Ecologistas en Acción. "Quieren ganar dinero y que la mierda nos la quedemos nosotros", remacha.

El proyecto de Baza sería además prácticamente un récord, con 4.800 cerdos y cinco granjas distintas de 2.496 cabezas cada una. Como apuntan en el informe presentado hace un año en nombre de su asociación por el propio Cabrera, se necesita autorización autonómica, concretamente la Autorización Ambiental Integrada ( la misma que se utiliza para las plantas de residuos y reciclaje) para poder llevarla a cabo. El hecho toma tintes aún más problemáticos teniendo en cuenta que el río que recibiría los purines de estos miles de cerdos sería el Guadiana menor y que podría llevar a problemas en su cruce con el Guadalquivir provocando incluso que el agua potable que llega hasta Sevilla simplemente no lo sea.

Tras casi un año de reivindicaciones y de actuación conjunta entre ecologistas, asociaciones civiles y partidos políticos, la batalla por un relato colectivo contra la indiferencia que en un principio ha reinado en la construcción de este tipo de instalaciones ha conseguido que, a día de hoy,  parezca inimaginable que ésta se lleve a cabo.  La cosa, eso sí, no ha acabado. El proyecto aún en trámite por cuestiones meramente legales, y ante la insistencia de la empresa, recibió el pasado  mes de agosto todo tipo de alegaciones. La cuestión además ha sido zanjada de nuevo por el Ayuntamiento de Baza que se ha posicionado en contra, tal y como aclaró en un comunicado, ante la indignación inicial que saltó al tramitarse el proyecto después de haberse rechazado en pleno de mayo de 2018.

Las macrogranjas deberían de calificarse como 'utilidad pública' para aprobarse

"No vamos a otorgar la utilidad pública de granjas de cerdos que supongan un peligro para el desarrollo de otros proyectos agrícolas, ganaderos o de cualquier índole empresarial o que generen molestias, desequilibrios o perjuicios en nuestro entorno natural. Queremos que en Baza se instalen empresas y se desarrollen proyectos que generen empleo de calidad y que sean medio ambientalmente sostenibles" puntualizó el Ayuntamiento en un comunicado. Todo deriva del citado pleno de 2018. Las afirmaciones desde el consistorio surgen por la vía administrativa necesaria para aprobarse. En ese sentido, lo surrealista resulta de que teniendo en cuenta todos los atenuantes, el cauce legal sea declarar la instalación como 'utilidad pública'. Los ecologistas se agarran a esta idea para tranquilizarse.

"Sería una locura, hasta que no se rechace no se sabe, pero creo que esta batalla la tenemos ganada". Entre los actores que se han posicionado en contra están la Asociación de Empresarios Altiplano de Granada y  la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores (Agapro), dos patas fundamentales para entender la economía de la zona del altiplano. El presidente de Agapro, José Antonio Azor, manifestaba además el extraño apoyo estatal a estas empresas. "No se entiende que estas instalaciones industriales estén tan fuertemente subvencionadas, en detrimento de la ganadería extensiva de la zona. No tienen ningún beneficio para la zona" declaraba cuando presentaron sus alegaciones en el consistorio cuando la adjudicación se admitió a trámite.

Los hechos de Baza además no son los únicos amenazados. En la localidad granadina de Zújar, los agricultores se manifestaban hace escasos 15 días por la construcción de otra macrogranja. "Zújar se puebla con tomates, no con cerdos" rezaba la pancarta que portaban las casi 600 personas que componían la manifestación. 2.000 personas de todos los pueblos de alrededor y de fuera incluso de España trabajan la tierra en esta zona por lo que entienden que "construir una macrogranja de cría de 6.000 cerdos al lado de sus invernaderos" no sería una "brillante idea", apuntaban. El informe de Ecologistas es además certero: cada granja da menos de 3 empleados, contratados por 87 días al año.

No es esta la única zona amenazada de la provincia, que aspira a construir el Geoparque del Cuaternario como principal reclamo turístico en un futuro y que daría trabajo a gran parte de sus residentes. La Puebla de Don Fadrique, Castillejar, Fonelas, Huéscar, Ferreira, Caniles, Cúllar, Valle del Zalabi o las Dehesas de Guadix ya sufren o tienen admitida a trámite alguna de estas instalaciones.

El modelo económico y la explotación de los recursos, con la sostenibilidad como principal tema de fondo, están pues en cuestión, a expensas de si la movilización de los miles de vecinos de la zona tendrá finalmente su fruto frente al poder económico de estas multinacionales cárnicas.