El ocaso de Torres Hurtado

Las causas judiciales contra el que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado, continúan su curso. La última novedad al respecto ha sido la notificada realizada ayer por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, que ha admitido a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra Torres Hurtado y la exedil de Urbanismo Isabel Nieto en relación con la adjudicación de la Casa Ágreda.

Para quien no conozca el origen de la investigación, todo comenzó el 9 de junio de 2014, cuando la ONG Agencia Internacional para el Desarrollo (AIDE) presentó una instancia para adquirir un derecho de superficie sobre la Casa Ágreda. Mediante esta iniciativa, AIDE tendría el derecho de superficie del lugar durante 40 años por el importe de 200.000 euros con una opción a compra a ejecutar en el plazo máximo de 15 años por un valor de un millón y medo de euros.

La Fiscalía encuentra en esta operación un posible delito de tráfico de influencias en el que el entonces alcalde podría haber intervenido para ejercer presión y que así se realizara la operación. De igual modo se investigan si al menos dos concejales -Francisco Ledesma y Fernando Egea- se beneficiaron de la posible ejecución al haber viajado a Rabat, en Marruecos, para unas jornadas invitadas por AIDE con todos los gastos pagados una vea que la adjudicación ya fue favorable.

NOVEDADES EN EL CASO NAZARÍ

Pero éste no ha sido el único avance que ha surgido en la situación judicial del exalcalde, sino que el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga la supuesta trama corrupta denominada ‘Operación Nazarí’, ha prorrogado un mes más el secreto de sumario, ampliándolo de esa forma hasta el 8 de septiembre.

Una medida que, de todos modos, puede levantarse antes de la fecha o, incluso, ser objeto de una nueva prórroga.

La Operación Nazarí comenzó a ser investigado en el mes de enero tras querellar el Ministerio Público una posible alteración fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo del Pabellón Mulhacén. Un terreno que habría ocupado 300 metros cuadrados de una parcela de la propiedad del empresario Ramón Arenas para ser creado.

Las diligencias que se están investigando son presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.

Sobre este aspecto, Torres Hurtado ha defendido su inocencia manifestando que “siempre” ha estado “en manos” de los funcionarios y del concejal del área al tener él “delegadas las competencias”.

RESTO DE CASOS INVESTIGADOS

José Torres Hurtado está siendo interrogado por siete casos urbanísticos que están siendo investigados por la UDEF y el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, entre los que se encuentran los ya señalados, el caso Serrallo -por el que la fiscalía acusó a Torres Hurtado de construir una discoteca con sala de fiestas y pista de patinaje en lugar de un quiosco, que era la previsto- , las irregularidades en su bloque de viviendas – donde se detectó alteraciones en las medidas de los pisos, estando por debajo de lo mínimo- y las expropiaciones del PTS -el Ayuntamiento tuvo que abonar 15 millones a los antiguos propietarios por dicha operación debido a que se consideraba irregular la forma de actuar- .

De igual modo, también se ha estudiado la desviación de un barranco y la concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.