El pacto PP-Ciudadanos mantiene deuda y presión sancionadora y fiscal a los granadinos

Sin ánimo de entrar en estas líneas, por imposibilidad física o incapacidad del que suscribe para sintetizar en tan poco espacio, en un análisis detallado del pacto recientemente suscrito entre PP y C's para la gobernanza del Ayuntamiento de Granada, y sin perjuicio de admitir que algunas de las medidas propuestas son a mi juicio correctas, sorprende, y mucho, que entre los 50 puntos del acuerdo hecho público días atrás no se haga referencia ni a la ingente deuda municipal, cercana a los 300 millones de euros, ni a la altísima presión fiscal que sufrimos los granadinos para sostener un Ayuntamiento sobredimensionado.

Es inaudito, además, que a pesar de las críticas de vecinos y turistas sobre el afán recaudatorio de los distintos gobiernos de Torres Hurtado, especialmente patente en el número creciente de sanciones de tráfico, aspecto en el que estamos entre las primeras ciudades de España hasta tal punto que el propio Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, impulsó una investigación de oficio, se ignore por completo esta realidad aún a sabiendas de que no se trata de que en Granada conduzcamos peor que en una república bananera sino que es pura y simple recaudación para sostener un Ayuntamiento inviable.

No es, ni mucho menos, que yo esté abonado a la corriente de la austeridad, tan en boga hoy día y de resultados como mínimo discutibles, pero sí puedo asegurar, sin necesidad de tener profundos conocimientos económicos, que si un Ayuntamiento como el nuestro es capaz de endeudarse en apenas cuatro años un 85% es evidente que algo falla. Y lo que falla, a mi juicio, es que el Ayuntamiento ha "engordado" con los ingresos extraordinarios del ladrillo y ahora, sin las importantes recaudaciones provenientes de las licencias de obras, no se puede sostener bajo ningún concepto.

Me parce por ello, que ambos partidos han hecho un ejercicio de maquillaje, de pura estética y de marketing con el pacto, pero no han querido sentar las bases de una racionalización del gasto y de un necesario equilibrio presupuestario. Y al actuar así impiden la puesta en marcha de políticas de fomento del empleo, del emprendimiento e, incluso, ponen en peligro el empleo de determinadas Pymes que trabajan para el Ayuntamiento al retardar el pago de sus facturas, algo que, dicho sea de paso, beneficia a empresas foráneas y obviamente, perjudica a las nuestras, amén de hacer muy difícil servicios como la teleasistencia a mayores o la lucha contra la exclusión social, ambos absolutamente necesarios. Así pues, en este sentido, el pacto es sencillamente decepcionante.