El ‘parche’ antibotellón en los pisos de estudiantes de Granada

El pasado 1 de septiembre el botellódromo de Granada pasó a ser historia. Después de nueve años de actividad, este espacio habilitado para el consumo de alcohol ya se encuentra vallado. Este enclave queda, por tanto, ‘blindado’ para el alcohol, aunque quizá no sea el punto y final a este problema.

Que el cierre del botellódromo dé ahora lugar a microbotellones esparcidos por la ciudad es el temor del Ayuntamiento de Granada, que ya ha tomado cartas en el asunto con un plan antibotellón. Por un lado, el Consistorio granadino ha anunciado que habrá más presencia policial en las calles, concretamente en once puntos 'calientes' propicios a darse este tipo de concentraciones. Con la presencia de agentes en las calles, en su mayoría de la Policía Local, el Ayuntamiento persigue ‘disuadir’ a los jóvenes de beber en la vía pública, aunque ha dejado claro que también se impondrán sanciones cuando sea necesario, las cuales oscilan entre los 150 y 300 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada, además de impartir charlas informativas sobre los riesgos del consumo del alcohol en centros educativos, llevará a cabo controles exhaustivos en los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, para que no las suministren a menores ni fuera del horario establecido por ley, extremo que está penalizado y puede desembocar en el cierre del negocio.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZA

Estudiadas las consecuencias del cierre del botellódromo se auguró que los jóvenes, más asiduos a esta práctica de consumo de alcohol en la vía pública, y en su mayoría estudiantes, quizá trasladarían estos botellones a los pisos donde viven durante el curso académico. Fiestas que, por lo general, se traducen en molestias para el resto de vecinos. El Ayuntamiento ya ha pensado en un posible parche para esto.

Sin concretar la fecha, el Ayuntamiento de Granada anunció que modificará la ordenanza de la convivencia para que los propietarios de pisos alquilados aparezcan como responsables civiles subsidiarios para facilitar la identificación de las personas que generen molestias.

La iniciativa está pensada para aquellas ocasiones en las que los moradores no pueden ser identificados; por ejemplo cuando se producen quejas de los vecinos por los ruidos y otras molestias derivadas de los botellones, y los estudiantes no abren la puerta a la Policía Local cuando acude al inmueble. En ese caso, el responsable sería el propietario del piso, que no obstante puede facilitar a los agentes la identidad de sus inquilinos para evitar hacerse cargo de la sanción.

Granada Digital ha consultado a varios propietarios de pisos de estudiantes sobre esta posible modificación de la ordenanza. La mayoría de ellos no ven un problema en este cambio de normativa pues apuntan que, por lo general, tienen a disposición los datos y en los contratos suele figurar además una cláusula que insta a los moradores a acatar las normas de convivencia de la comunidad, entre las que figuran respetar el descanso del resto de vecinos.

CONTRATOS DE 'POR MEDIO'

Es el caso de Marianela, propietaria de varios pisos de alquiler en la zona de Camino de Ronda. “Nunca he tenido problemas con mis inquilinos. Y si los tengo, tengo un contrato al que acudir”, asegura al otro lado del teléfono esta mujer, quien en sus contratos siempre refleja que los moradores deben respetar el descanso de los vecinos. “Yo creo que si no se localiza al inquilino y se deben poner en contacto con el propietario no me parece mal, pero la sanción siempre debe recaer en la persona que ha hecho el daño o perjuicio”, añade Marianela.

Otro propietario de un piso en alquiler, que prefiere guardar su anonimato, se muestra un poco escéptico con esta medida, pues considera que el Ayuntamiento no tiene esa potestad salvo "que cambie la Ley de Arrendamientos Urbano". “Me parece que se debe puntualizar al máximo si verdaderamente se va a llevar a cabo ese cambio. No me parece la fórmula correcta de solucionar el problema. Llegados a ese punto, entiendo que si el propietario no desvela quién es el inquilino, el responsable sea el propietario pero esto requiere un cambio en la ley de protección de datos porque no se pueden facilitar los datos salvo que la ley me lo permita”, explica.

María Briones, otra propietaria de un piso en alquiler en Granada, acepta de buen grado esta medida. “Entiendo que si el inquilino no responde, alguien tiene que responsabilizarse”, explica a Granada Digital. “No obstante, si esta medida entra en marcha, yo tengo claro que añadiré una cláusula en el contrato que especifique que, si esta situación se da y el inquilino no se responsabiliza, se procederá automáticamente a la retención de la fianza o incluso a rescindir el contrato”, añade.

"Yo no me considero responsable de lo que hagan los inquilinos", explica a Granada Digital, María de los Ángeles, otra propietaria de un piso en alquiler en la Plaza de Toros. No obstante, esta arrendadora entiende que, si no se consigue contactar con los inquilinos, "es lógico que busquen al propietario". Maria de los Ángeles, como el resto de los propietarios consultados, considera oportuno añadir una cláusula al contrato de alquiler que especifique esta modificación, "y si los inquilinos reinciden y causan más molestias, aclarar en el documento que se puede llegar a rescindir el contrato", añade.

INMOBILIARIAS

Muchos de los propietarios confían la gestión de sus pisos en alquiler a agencias inmobiliarias. Granada Digital también se ha dirigido a varias inmobiliarias granadinas para conocer su impresión sobre la posible modificación de esta ordenanza municipal.

“Las normas de comunidad y convivencia suelen aparecen en los contratos por lo que no suele haber problemas de este tipo”, nos asegura un comercial de la inmobiliaria SG de Granada. “Además en el contrato figuran los datos de los inquilinos por lo que, a la hora de identificar a estas personas, si cometen algún perjuicio, es fácil”, añade trabajador, quien considera que quizá, a partir de ahora, lo mejor será especificar con detalle la nueva modificación ‘para no pillarse los dedos’ pero que, pese a tener un 95% de sus inmuebles alquilados a estudiantes, no suelen tener problemas de este tipo, “y si los hay, suelen solucionarlos entre ellos (propietarios e inquilinos) porque nosotros somos meros intermediarios”, puntualiza.

“Quizás a raíz de esto, puede haber algún propietario que prefiera no alquilar su piso a estudiantes porque no se fíe pero, sinceramente, creo que serían pocos casos”, nos explica Daniel Morell de la inmobiliaria J.M, quien también señala que en los contratos “está todo”, incluidas las normas de convivencia a las que se comprometen los inquilinos una vez que firman el papel de arrendamiento.