El Parlamento andaluz atiende las recomendaciones del Laboratorio Jurídico Antidesahucios

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha saludado este lunes a los alumnos de tercero de Derecho de la Universidad de Córdoba que trabajan en el Laboratorio Jurídico Antidesahucios, y que han trasladado a la institución algunas de las recomendaciones surgidas tras la primera sesión del Tribunal Internacional de Desalojos celebrada recientemente en Córdoba.

Tras escuchar a los alumnos y al director del Laboratorio, el profesor de Derecho de la UCO Antonio Manuel Rodríguez, en una reunión en la que también han participado representantes de los grupos parlamentarios, el presidente Durán ha puesto en valor el buen trabajo realizado, y el esfuerzo y la dedicación a este proyecto y ha señalado que se trata de una iniciativa que debería hacerse extensiva a otras universidades andaluzas, al tratarse de una herramienta pedagógica de interés.

Asimismo, según ha indicado en una nota el Parlamento de Andalucía, Durán ha señalado la posibilidad de buscar fórmulas para institucionalizar las relaciones entre la universidad y el Parlamento, con el objetivo de que se pueda profundizar en las propuestas que trabajan los alumnos en el ámbito académico.

Entre las propuestas que han puesto sobre la mesa los alumnos figura la de instar al Parlamento Andaluz a elevar al Gobierno central la necesidad de firmar la Carta Social Europea de 1996, un documento que garantiza la defensa de derechos sociales en Europa y que España no ha firmado aún, a diferencia de la mayoría de países europeos.

Al respecto, Durán ha recordado que Andalucía recoge esta cuestión en el Título Preliminar del Estatuto Autonomía para Andalucía, que en el artículo 9 señala que "todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España, en particular en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea".

Además, el Laboratorio ha planteado a los grupos la necesidad de crear una Fiscalía especial que se centre en los asuntos relacionados con los desahucios, ejecuciones hipotecarias y derechos de los consumidores, de forma que el Ministerio Fiscal se persone en los procesos de desahucio donde existan menores, mujeres víctimas de violencia machista, discapacitados, emergencia habitacional y otros supuestos de especial vulnerabilidad.