El Parlamento deroga el decreto-ley sobre antigüedad de los interinos

El Pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles convalidar del decreto ley que el Gobierno remitió a la Cámara por el que se reconoce a los funcionarios de la administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.

El decreto ley, que contó con los votos en contra de PP-A y Podemos, mientras que fue apoyado por PSOE-A, y Ciudadanos e IULV-CA se abstuvieron, ha quedado derogado y en consecuencia el Gobierno tendría que volver a legislar sobre la materia. Esta es la primera vez que se produce la derogación de un decreto remitido por el Ejecutivo.

En una primera votación, el decreto ley contó con 47 votos a favor, del PSOE-A; con 47 en contra, de PP-A y Podemos, y con 14 abstenciones, de Ciudadanos e IULV-CA, mientras que el vicepresidente tercero de la Mesa, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yague no emitió voto. Al producirse un empate entre los votos afirmativos y negativos, en virtud del artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se repitió la votación, cuyo resultado fue 46 votos afirmativos del PSOE-A (el diputado del PSOE-A Antonio Sánchez no pudo emitir voto); 48 en contra (PP-A y Podemos) y 14 abstenciones (C's e IU).

En defensa del decreto, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado ante la Cámara que esta norma, que modifica artículos de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, permitirá igualmente convocar las pruebas que han estado bloqueadas desde hace cuatro años y resolver los procedimientos de promoción interna realizados con anterioridad.

Ha agregado que la medida beneficiará a los funcionarios de carrera que, por esta situación, no han podido solicitar un destino más cercano a sus poblaciones de origen o acceder a mayores responsabilidades. Se trata, según ha apuntado, de recuperar la normalidad de los derechos de movilidad y promoción de forma inmediata.

La norma modifica el baremo del reglamento vigente desde 2002 de tal modo que, en el mérito del trabajo desarrollado, se otorgará a la experiencia desempeñada en puestos provisionales la misma puntuación que a la adquirida en los definitivos. Asimismo, simplifica la valoración de este mérito ciñéndola a la experiencia en el puesto desempeñado en el momento de la convocatoria.

Además de evitar una sanción de la Comisión Europea, estos cambios normativos permitirán la celebración y resolución de concursos de méritos que deben convocarse cada seis meses, tras más de cuatro años sin llevarse a cabo, así como los de los procedimientos de promoción interna convocados hace poco más de un año.

María Jesús Montero ha querido expresar además su reconocimiento a los empleados públicos porque con su esfuerzo personal han contribuido de forma clara al mantenimiento de los servicios públicos esenciales, en una época de gran incertidumbre y en la que se pone cuestión lo público.

Por su parte, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha manifestado que este decreto pretende solucionar un problema entre un concurso de leyes, pero realmente no va a solucionar "nada" ni va a "contentar a nadie". Ha criticado que la Junta no haya buscado el consenso sobre este decreto, que se aprueba en plenas vacaciones estivales, y ni siquiera ha reunido a la mesa de la función pública. Ha pedido a la Junta que retire el decreto, porque no es participativo ni transparente.

La diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha denunciado que a la Junta, tras paralizar concursos durante cuatro años, ahora le entra la prisa y recurre a la fórmula del decreto ley. Ha manifestado que se requiere una reforma de la función pública en Andalucía y no imponer un decreto como este, cuya retirada ha pedido, que solo es un "parche" y supondrá un nuevo "enmarañamiento".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández ha manifestado que este asunto está en manos de los tribunales y que el Parlamento no debe erigirse "en tribunal de justicia que dilucide" este tema. Ha apuntado acatar sentencias es una obligación de la administración, a la que el acceso debe hacerse con criterios objetivos, de mérito y capacidad. "Esto debe ser un punto y final en la forma de gestionar lo público", ha apuntado.

La diputada de IULV-CA Elena Cortés ha manifestado que ya es hora de que el Parlamento apruebe una ley de la función pública de Andalucía, que desarrolle un estatuto de los trabajadores de la administración autonómica.

La parlamentaria del PSOE-A Brígida Pachón ha manifestado que la voluntad de la Junta con este decreto es dar solución a una situación del personal interino de la administración de la Junta, posibilitando la promoción interna y el cambio de destino. Ha recalcado que la norma tiene una clara intención, salvaguardar los intereses y derechos del personal funcionario interino.