El personal del Juzgado de Silva declara en el Tribunal Superior de Madrid
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Jesús Gavilán, tomará este martes declaración en calidad de testigos a tres funcionarios que actuaron en la investigación abierta contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y que han sido propuestos por la defensa del juez Elpidio José Silva, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La ronda de interrogatorios comenzará a las 9.00 horas con los testimonios del magistrado Juan Antonio Toro, quien sustituyó a Silva al frente del Juzgado de Instrucción número 9 y dictó el auto de inhibición del 'caso Blesa' a la Audiencia Nacional; y de los secretarios judiciales Miguel Ángel Rodríguez y Resurrección Utrilla.
Estos dos fedatarios públicos actuaron en las diligencias abiertas por el crédito de 26,6 millones de euros concedido al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
Estas son algunas de las diligencias solicitadas por la defensa de Silva, que también ha reclamado las testificales de los guardias civiles encargados de la investigación, los peritos de la consultora KPMG, cargos de Bankia y Caja Madrid y los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez.
PRUEBAS DENEGADAS
Sin embargo, el magistrado Jesús Gavilán ha denegado por el momento estas últimas pruebas al considerar que no guardan relación con los hechos objeto de la querella presentada por la Fiscalía contra Silva.
Estas declaraciones tendrán lugar una semana después de que el propio Silva declarara durante más de seis horas ante el instructor, defendiendo que envió a Blesa a prisión por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Según dijo, el banquero mantiene relaciones influyentes, entre las que citó al ex presidente del Gobierno José María Aznar, y amistades con personas que siguen trabajando en la entidad financiera y podían eliminar evidencias importantes para la investigación.
De los correos electrónicos corporativos y las pruebas obtenidas a lo largo de la instrucción se iban acumulando nuevos indicios delictivos y Blesa se enfrentaba a penas de mayor gravedad, según Silva, que justificó así el riesgo de fuga sobre el que basó su encarcelamiento.
El juez Silva está siendo investigado en el marco de la querella que la Fiscalía interpuso contra él por la presunta comisión de delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del banquero al ordenar su ingreso en prisión en dos ocasiones al frente de la entidad.
Silva, que se encuentra temporalmente suspendido de funciones desde el pasado julio, se enfrenta a una pena de hasta 40 años de inhabilitación en un proceso en el que también actúan como acusaciones las defensas de Blesa y Díaz Ferrán.
