El Pleno del Parlamento aprueba la Cuenta General de 2014 con la única abstención del PP-A
En su informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas apunta la existencia de un resultado agregado negativo a cierre de 2014
El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles, con el voto a favor de todas las formaciones, a excepción del PP, que se ha abstenido, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, según la cual el endeudamiento a 31 de diciembre de 2014 era de 27.874 millones, lo que supone un 20,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y un aumento del 20,6 por ciento.
En su informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas apunta la existencia de un resultado agregado negativo a cierre de 2014, con pérdidas agregadas de 105,49 millones, lo que supone una bajada en las pérdidas en relación con 2013. Por su parte, las subvenciones y transferencias de la Junta a sus entidades empresariales se han reducido en 69,89 millones, hasta los 2.411 millones de cierre de 2014.
Por otro lado, las operaciones avaladas por la Junta ascienden a 1.123,8 millones, de las que se avalaron 675 millones a empresas públicas y 548,8 millones a privadas; siendo el riesgo vivo de 1.126 millones. La recaudación neta ascendió a 28.488 millones en 2014, mientras que los pagos ascendieron a 26.796,77 millones.
Los mecanismos de pago a proveedores ascienden en 2014 a 1.626 millones, de los cuales 1.229 corresponde al Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras que el FLA en 2014 ascendió a 2.606 millones, de los que 1.493 corresponden a más de 200.000 facturas emitidas por el SAS.
PP-A VE "UN MANUAL DE LO QUE NO SE DEBE HACER"
En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PSOE María Márquez ha asegurado que el Gobierno andaluz cumple "en gran medida" las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, un órgano que defiende, al contrario de lo que hace el PP en sus comunidades. También ha indicado que en el informe de la Cuenta General de 2014 se recoge que Andalucía cumple con el objetivo de deuda pública y con la regla de gasto, así como también que la información presupuestaria de los programas ha mejorado y que hay un descenso de los derechos pendientes de cobro y de los libramientos pendientes de justificar.
En nombre del PP-A, su diputado José Antonio Miranda ha apuntado que en este informe de la Cámara de Cuentas se vuelven a denunciar "las mismas irregularidades" de años anteriores. Según ha indicado, se trata de un informe de 775 páginas que supone "un manual de lo que no debe hacerse en la gestión pública". "Detrás del dinero que el PSOE ha regalado a sus amigos están el menor gasto de educación y sanidad de toda España y la mayor tasa de paro de toda Europa", ha afirmado el parlamentario 'popular'.
La diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha afirmado que desde su formación son "firmes defensores" del control interno, del externo, del ciudadano, y de las cuentas "claras y abiertas". En referencia al informe, ha explicado que las propuestas de su grupo al mismo han pivotado en torno a cinco cuestiones: transparencia, endeudamiento, mejora en la eficiencia y gestión de los fondos públicos; mejora en el sector público instrumental; y modificación y mejora de la legislación vigente.
Por su parte, el diputado de C's Julio Díaz ha dicho que en este informe se incluyen recomendaciones de la Cámara de Cuentas que debieran ser tenidas en cuenta para la mejor gestión de los asuntos públicos y que no les gusta que en el apartado de limitaciones recoja textualmente que "no se ha recibido la documentación solicitada de las entidades públicas empresariales con participación mayoritaria de la Junta", por lo que Ciudadanos va a reclamar la comparecencia de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero.
Finalmente, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha pedido "empoderar" a la Cámara de Cuentas para que las recomendaciones de este órgano y las propuestas de resoluciones que se aprueban a los informes sean cumplidas, y no queden en "titulares de prensa". Y es que, según ha denunciado, de las 30 propuestas de resolución a la Cuenta General de 2013 se han incumplido el 60 por ciento de las mismas.