El PP acusa a exdelegada de Empleo de "entorpecer" la investigación por los cursos de formación

El PP de Granada ha acusado este miércoles a la exdelegada de Empleo de la Junta y actual gerente del Legado Andalusí, Marina Martín, de "entorpecer y enturbiar" la investigación del presunto fraude de los cursos de formación, al negarse a declarar en la última sesión de la comisión de investigación creada a tal efecto en el Parlamento de Andalucía.

Fue el pasado 12 de abril cuando Martín --que fue detenida en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado' y que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla-- dijo ante la comisión haber cumplido la legalidad "en todo momento" y que todas sus actuaciones al frente de este cargo se realizaron con "total diligencia y rigor", si bien rechazó responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, argumentando que, al estar inmersa en una causa judicial, su abogado se lo desaconsejaba.

Esa actitud, según ha señalado en rueda de prensa la parlamentaria 'popular' Ana Vanessa García, supone "una falta de respeto y una desfachatez" de la que no sólo culpa a Marina Martín, sino también a su partido, el PSOE, que es quien "le ha dado la orden de no colaborar".

Los socialistas, según García, están "premiando" ese silencio de la exdelegada con un "muy buen sueldo", de 53.500 euros anuales, al frente del Legado Andalusí, donde Marina Martín, por lo demás, "no está realizando una gestión brillante". Según ha agregado, en los últimos tres años ha llevado "casi a la quiebra" a esa fundación, que tiene una deuda reconocida de siete millones de euros y cuyos empleados llevan nueve meses sin cobrar. "Dicen que Roma no paga traidores, pero el PSOE sí que lo hace, y muy bien", ha subrayado la parlamentaria.

También se ha referido a un informe del interventor general en la provincia, que, tras examinar los expedientes de los cursos de formación entre 2009 y 2012, resaltó que "pudo haber menoscabo de fondos públicos, que ni los beneficiarios de esos cursos ni la administración cumplieron con la legalidad, que algunos expedientes estaban incompletos, que las ayudas no se daban por concurrencia competitiva, que no se publicaban en el BOJA sino en el tablón de anuncios de la Delegación de Empleo".

Añade que los cursos no cumplieron con su finalidad porque hubo una desviación entre los alumnos que los empezaron y los que los finalizaron del 60 por ciento, o que algunas empresas no estaban al corriente en los pagos a la Seguridad Social, entre otras irregularidades.

"Todo eso ocurrió cuando ella era delegada provincial. Era la máxima responsable y se supone que algo tendría que decir ante unas irregularidades tan escandalosas, pero lo único que hizo fue echarle la culpa a los funcionarios y ahora se niega a declarar ante una comisión creada por unanimidad en el Parlamento alegando que está inmersa en un proceso judicial", ha censurado Ana Vanessa García.

Su conclusión es que Marina Martín "debe ser destituida de una vez y dar explicaciones". A su vez, según ha sostenido, el PSOE y más en concreto su secretaria general en Granada, Teresa Jiménez, debe intervenir y dejar de premiar a una persona "que llegó a ser detenida por este caso y que ahora está llevando a la quiebra a una fundación". Si no lo hace, según ha agregado, es porque tiene una doble vara de medir: "Por un lado exige dimisiones en el PP y por el otro, no lo hace en su casa. Teresa Jiménez no puede darnos lecciones, no tiene autoridad moral para eso", ha incidido.

Esa "doble vara de medir" también la tiene Ciudadanos, grupo que, en opinión de la parlamentaria popular, es "cómplice y colaborador necesario para que no se sepa nada de toda la corrupción que ensombrece a la Consejería de Empleo de la Junta. Podría intervenir pero prefiere mirar a otro lado", ha criticado.