El PP advierte de la "gravedad" del caso 'Mercamed' tras la acusación fiscal contra 11 imputados

El PP de Granada ha considerado este lunes que el llamado 'caso Mercamed' por la supuesta gestión irregular de los fondos del programa Poctefex, en la organización de una feria empresarial en Tetuán en 2011, cuando gobernaba en la Diputación Provincial PSOE e IU, es una de las acusaciones "más graves y serias que hemos vivido en Granada en los últimos tiempos".

Así se ha pronunciado el portavoz del grupo 'popular' en la institución, José Robles, después de que haya trascendido la acusación provisional de la Fiscalía contra once de los doce imputados, entre ellos el que fuera vicepresidente segundo en la institución, Julio Bernardo, por IU.

El Ministerio Público reclama penas de hasta ocho años y cinco meses de cárcel para los procesados, además de 250.000 euros en multa, en un caso para el que ya se ha ordenado la apertura de juicio oral, dictada por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada hace unos días.

En su escrito de acusación, el fiscal señala que los acusados, como gestores de la Diputación Provincial de Granada y los particulares que concurrieron y contrataron la prestación de diferentes servicios para la feria, "se concertaron entre sí con la finalidad de adjudicar los contratos ofertados a empresas y personas determinadas llevando a cabo el proceso a través de la modalidad de contratos menores sin publicidad".

Con ello beneficiaron a estas empresas "arbitrariamente", prescindieron "en unas ocasiones del procedimiento legalmente establecido" y dotaron de "apariencia de legalidad" la contratación efectuada, "provocando en otras ocasiones el fraccionamiento de los contratos con la finalidad de no superar el umbral establecido en la Ley de Contratos del Sector Público", y todo "pese a las advertencias y reparos de legalidad expresadas por los servicios implicados en la contratación.

Asimismo, "con la finalidad de eludir los controles de la preceptiva licitación pública", confeccionaron "expedientes incompletos, simulados o artificiales" para otorgar "una apariencia de legalidad de la contratación ocultando intencionadamente la existencia de relaciones entre las empresas vinculadas", de manera que éstas resultaron favorecidas.

Los acusados, según consta en el escrito de acusación, "dieron su aprobación a los proyectos preparados y adjudicados ad hoc", usaron documentación "de la que nunca existió constancia la Diputación", y "manipularon convenientemente las ofertas y presupuestos a base de copiar los preexistentes y metieron facturas duplicadas por un mismo y único concepto".

También, según el fiscal, "ordenaron los pagos a favor de quienes no habían prestado servicios y ello para eludir los controles europeos sobre una contratación superior al 10 por ciento para empresas no europeas y los requisitos exigidos por la ley y bases de ejecución presupuestaria".

Por todo, el portavoz del PP ha considerado que "es hora de que se vayan asumiendo responsabilidades políticas" y ha reclamado a la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez, que se pronuncie al respecto.

En este sentido, se ha preguntado qué papel jugó el PSOE, cogobierno de IU entre los años 2007 y 2011, en el caso Mercamed "y que no estaba ajeno a lo que se hacía en el Kremlin, como se conocía la delegación del Centro de Iniciativas Empresariales en manos de IU y cuyos dirigentes fueron nombrados por el PSOE, incluso se le hicieron plazas a medida a algunos de ellos para quedarse en la Institución".

Robles ha considerado que la actuación de José Entrena, como presidente de la Diputación, en este caso es "turbia", hasta el punto de llegar a pedir al letrado responsable de la Abogacía Provincial que "no acusara a nadie en este pleito, ante lo que el abogado se ha negado a personarse si ésas eran las directrices, dado que su trabajo y decencia están por encima de cualquier orden política".

Por otro lado, José Robles ha afirmado que la "obsesión" de Entrena, en esa época vicepresidente en la institución, es "tapar el escándalo de Mercamed y Magreb" y quizás por ello, "puso al frente del Centro de Iniciativas Empresariales a una concejal del Ayuntamiento de Granada, con el único fin de que se taparan ambos casos". "Pero hay cosas en esta vida que no se pueden tapar", ha asegurado.

LA RESPUESTA DEL PSOE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, también se ha pronunciado al respecto, ya que la acusación que inicialmente se hizo contra su mujer ha sido archivada, y ha censurado las declaraciones que en su día hicieron contra él algunos dirigentes del PP.

"Todo no vale en política y es injusto e indigno el hecho de estar permanentemente persiguiendo a personas simplemente por intereses partidistas o en este caso personales. Hay personajes políticos en nuestra ciudad que no son dignos de representarla porque utilizan la política como un espacio de desarrollo personal, de mantenerse en el sillón a toda costa y eso significa perseguir y atacar en este caso a concejales de otros grupos políticos y lo que es más lamentable, a las familias de esos representantes públicos", ha lamentado.

En su opinión, "detrás de toda esa persecución" lo que querían es que los socialistas "callaran", no sólo él mismo, sino todo el grupo socialista, que "ha sido atacado de forma permanente durante años". "Nosotros lo que hemos hecho es ser firmes en nuestros planteamientos en la defensa de Granada y así lo vamos a seguir haciendo, sin más", ha mantenido el portavoz, quien además se ha quejado de la que la justicia haya "tardado" mucho tiempo en dar una respuesta a este caso.

"Desde el primer momento hicimos lo que teníamos que hacer, no callarnos, seguir cumpliendo con nuestro trabajo, ser lo más transparente, poner toda la documentación sobre la mesa, defendernos en los juzgados y ahora nos vuelven a dar la razón y por tanto mucho mas firmeza para seguir defendiendo los intereses y el futuro de Granada", ha concluido.