El PP considera que el descontrol de la Junta en la Zona Norte da pie a las actividades ilegales
La parlamentaria Ana Vanessa García ha criticado que la administración autonómica “lleva años haciendo dejación de funciones y mirando hacia otro lado”
El Partido Popular de Granada sostiene que el descontrol de la Junta de Andalucía sobre las más de mil viviendas sociales que tiene en la Zona Norte de Granada propicia los frecuentes cortes de suministro eléctrico. Son pisos que tiene en régimen de alquiler pero en muchos casos no sabe quiénes son sus inquilinos, lo que dificulta que la Policía Nacional pueda registrarlos aunque tenga fundadas sospechas de que allí se está cometiendo un delito.
La parlamentaria Ana Vanessa García ha criticado que la administración autonómica “lleva años haciendo dejación de funciones y mirando hacia otro lado” y que a día de hoy “desconozca quiénes son los inquilinos de sus pisos porque no tiene un registro actualizado”.
“Hay tráfico ilegal de pisos en esa zona de Granada, gente que los alquila y hasta los vende. Eso ocurre y la Junta mira hacia otro lado”, ha insistido la diputada, que ha puesto como ejemplo de esa falta de control la existencia de un edificio entero “al que llaman el queso gruyere porque está literalmente lleno de conexiones ilegales. La Junta es su propietaria y debería saber quiénes viven allí para facilitar el trabajo de la Policía. Lo contrario es hacer dejación de funciones”, ha recalcado.
Para la representante popular, esa regularización es imprescindible por dos motivos. Por un lado, porque, sólo en la capital, hay unas 500 familias esperando una vivienda social “y a la Junta le da igual si los que viven en las suyas las necesitan o no, si las han vendido o realquilado a otros o si allí dentro hay actividades ilegales. Debería saber cuántas pueden quedar libres para adjudicarlas a los que las demandan y las necesitan”.
El segundo motivo es el ya mencionado: facilitar los registros policiales y, en última instancia, “lograr que vuelva la normalidad a la Zona Norte, donde no se debe consentir que haya gente que paga sus recibos y que tiene derecho a darle al interruptor de su casa y que haya luz”.
Ana Vanessa García ha anunciado que, en el pleno de mañana, preguntará por esta cuestión al consejero de Fomento, Felipe López, a quien conminará a que “colabore con la administración local, la policía y Endesa, porque sólo mediante esa colaboración se puede avanzar. La Junta debe ser proactiva y ponerse al servicio de las demás instituciones en este asunto”, ha agregado.
Por lo demás, la parlamentaria ha querido dejar claro que muchas de las personas que habitan las viviendas sociales de la Zona Norte tienen perfecto derecho a hacerlo. “No estoy diciendo que los que viven allí no necesiten una vivienda social, ni mucho menos, pero existen unos procedimientos de adjudicación y debe garantizarse el acceso en igualdad de oportunidades. Lo que no es lógico es que el propio dueño de las casas no las controle y que éstas se alquilen y hasta se vendan”.
