El PP cree que la Junta quiere echar tierra sobre el uso de los fondos de los ERES para detener la huelga de basura de 2005
El Partido Popular de Granada considera que la Junta de Andalucía pretende echar tierra sobre el uso de los fondos de los ERES para detener la huelga de basura de 2005, tal como desveló un informe de la Guardia Civil, después de que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, “se haya negado a explicar si la Junta de Andalucía utilizaba políticamente dichos fondos para lograr la desconvocatoria de las huelgas que les eran molestas”.
La parlamentaria popular, Ana Vanessa García, que ha interpelado hoy al gobierno andaluz sobre este caso en la sesión de control del Parlamento, ha lamentado que Sánchez Maldonado “se haya parapetado tras el mismo silencio que ha caracterizado a los dirigentes socialistas granadinos desde que se conoció este grave hecho”.
“Como ocurre con los socialistas granadino, el Consejero se ha negado a explicar el grado de conocimiento que se tenía en Empleo de estas prácticas y se ha limitado a decir lo que no puede sino considerarse una burla, que fue la Junta la que detectó la ilegalidad y pidió el reintegro de las cantidades, algo que todos los andaluces saben que es falso, en esta y en todas las ramas de los EREs”, ha dicho Ana Vanessa García.
Para el PP, Sánchez Maldonado ni ha explicado si esa práctica era habitual, ni ha explicado qué medidas ha adoptado para que no vuelva a ser utilizada por el gobierno de la Junta de Andalucía en circunstancias parecidas, “algo que casa muy poco con la promesa de transparencia de la que presume la presidente de la Junta, Susana Díaz”.
En todo caso “y después de que el Consejero haya reconocido en la Cámara que esa actuación fue ilegal”, el Partido Popular ha vuelto a exigir a la secretaria general del PSOE y delegada del gobierno de la Junta en el momento en el que sucedieron los hechos, “que dé la cara, que reconozca públicamente dicha ilegalidad y que pida disculpas a todos los granadinos por haber presentado un acuerdo realizado al margen de la ley para resolver una huelga y adoptado por un interés estrictamente partidista”.
