El PP denuncia que hay 3.550 familias granadinas en la lista de demandantes de vivienda social

El grupo municipal del PP ha denunciado que 3.550 familias granadinas conforman la lista de demandantes de vivienda social en Granada capital, mientras en el año 2017 la ciudad tan solo fue beneficiaria de 16 viviendas sociales de la Junta de Andalucía.

Una pregunta formulada en el mes de enero por el grupo popular a Jemi Sánchez, concejal de Derechos Sociales del PSOE, y contestada cinco meses después, revela “la falta absoluta de viviendas sociales para familias en exclusión social en la ciudad de Granada”.

Según ha informado Fernando Egea, concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, la competencia en materia de vivienda es de la administración autonómica y, por tanto, ha afirmado que la Junta es la que debe facilitar viviendas o ayudas para que las familias sin recursos puedan tener un techo. “Sin embargo, en los últimos años, han ido decreciendo los pisos que la Consejería de Vivienda facilita a las familias para atender esta necesidad”, ha lamentado Egea.

El edil popular ha señalado que la empresa pública que lleva a cabo esta labor se llama AVRA y gestiona en la ciudad unas dos mil viviendas, sobre todo, en la zona norte de la capital, “viviendas que han presentado numerosos problemas de mantenimiento, de ocupaciones ilegales, ventas fraudulentas o incluso cultivos ilegales”. “Estos problemas, que siguen enquistados, no se han resuelto en los solares habilitados para construir nuevas viviendas, que se han dedicado a huertos urbanos que lejos de ser provisionales se han quedado como permanentes, saltándose la legalidad urbana de estas fincas e incumpliendo el compromiso de ampliar el número de viviendas que tan necesarias son”, ha apostillado Fernando Egea.

Por ello, los populares proponen en su programa andaluz la creación de viviendas sociales, “pero nunca más en guetos como hace el PSOE concentrándolas en barrios, sino repartidas por toda la ciudad y con un control público riguroso”.

La Oficina Social de la Vivienda de la ciudad de Granada, que fue puesta en marcha en la capital por el Partido Popular hace cinco años, dispone de cuatro profesionales que atienden todas las necesidades de vivienda de la población granadina. Además, se vio apoyada por diferentes acciones como el convenio con los juzgados para adelantarse y apoyar a las familias que viven un desahucio, o la oficina de mediación hipotecaria, también suscrita hace seis años con el Colegio de Abogados para la asesoría legal en estas cuestiones.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Granada “solo se han dedicado a declaraciones simbólicas, como la declaración de ciudad libre de desahucios, lo que no deja de ser palabrería falsa que no ha sido real, puesto que no se ha obtenido apoyo por parte de la Junta en estos temas ni se han puesto en marcha nuevas aportaciones”. Fernando Egea ha informado que, en 2017, se atendieron 438 casos relacionados con riesgo o pérdida de vivienda. “De esos, 260 fueron nuevos casos abiertos en ese año, pero casi ninguno obtuvo vivienda por parte de la Junta”.

Igualmente, el 25 por ciento de los casos son unidades familiares con riesgo de pérdida de vivienda por impago de hipoteca, el 55 por ciento por desahucio por impago de alquiler y un 19 por ciento por grandes problemas para el pago mensual. Esta casuística es atendida por el Ayuntamiento de Granada con ayudas propias, pero sin apoyo de la Consejería de Vivienda.

“Lo más grave de todo es la absoluta falta de vivienda por parte de la Junta de Andalucía para Granada. El informe citado en respuesta a la pregunta del grupo popular revela que solo 16 pisos se han puesto a disposición de familias en todo 2017 y solo lo han sido dentro de la llamadas de urgencia donde la lista también sigue contando a más de trescientas familias”, ha explicado el concejal del PP.

A juicio de Egea, esto es “gravísimo” cuando además las convocatorias de ayudas para el alquiler son “escasas, complicadas de solicitar por los usuarios y de tramitar por los funcionarios, y enormemente lentas en conceder y más aún en cobrar”. Desde que se convocan hasta que se pagan transcurren dos años y medio lo que lleva a familias en riesgo social “a la desesperación”. Los datos de esa respuesta también revelan que se cedieron 4 viviendas de la empresa pública Visogsa, dependiente de la Diputación Provincial.

En dicha respuesta además, presentada como un informe de vivienda, se detalla que son 3.550 las familias apuntadas como demandantes de vivienda en la ciudad de Granada. “Unas con más necesidad que otras, pero todas con problemas serios de acceso o necesidad, mejora o incluso en situación de desahucios o amenazas de desahucios”.

Por otro lado, se dice “vacuamente” en dicho informe municipal la posibilidad de establecer entre el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía un "protocolo de colaboración y coordinación", lo que es considerado por los populares “una muestra de la falta de capacidad para solucionar esta demanda social y ganas de darle vueltas, de marear la perdiz, pues los criterios están ya bien fijados y lo que realmente hace falta son viviendas o ayudas al alquiler para estas personas”.

Fernando Egea ha apuntado que el Ayuntamiento de Granada destina al año más de 200.000 euros desde hace ya seis años para pagar hipotecas o alquileres para familias en riesgo social, ante la “inacción” de la Junta de Andalucía, “pero no deberían ser fondos municipales sino de la Junta que es quien tiene la competencia”. “Es una muestra clara de que no se trata de discrepancia entre administraciones por ser de distinto color político como denunciaban los socialistas cuando gobernaban los populares, sino de la falta de compromiso de la Junta con las necesidades de vivienda social especialmente hacía Granada”, ha subrayado.