El PP exige a la Junta que se pronuncie "de inmediato" sobre los 150 desahucios que ha ordenado en la Zona Norte
Los populares consideran “vergonzoso” que el PSOE “asuste” a las personas que habitan esas casas con dejarles en la calle sin darles ninguna alternativa
El Partido Popular ha exigido a la delegada provincial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuela Fernández, que “dé la cara de inmediato” ante los 150 vecinos de la Zona Norte a los que la administración autonómica ha enviado una carta anunciándoles que serán desahuciados de sus viviendas en el plazo de un mes. La Junta, han resaltado los populares, tiene “la obligación” de garantizar el derecho a la vivienda de los granadinos, nunca el de ordenar unos desahucios “sin preocuparse de las necesidades de quienes habitan allí y sin darles alternativas”.
La parlamentaria Ana Vanessa García ha considerado “vergonzosa” esta medida, adoptada por un organismo “donde reina el caos” y que se ha permitido el dudoso lujo de no hacer “ninguna vivienda social en Granada durante los cinco últimos años”. Además, por culpa de su “dejación de funciones”, la Junta ni siquiera sabe quiénes habitan en las viviendas que edificó en su día.
En todo caso, Ana Vanessa García ha dejado claro que la obligación de la Junta es “garantizar el derecho a una vivienda digna” y nunca a lo que ahora ha hecho. “No puede mandar cartas anunciando un desalojo inminente sin preocuparse de las necesidades de esas personas y sin darles ninguna alternativa. Los socialistas abanderan en los titulares de prensa su lucha contra los desahucios mientras que, al mismo tiempo, firman órdenes de desahucio para centenares de personas”, ha criticado.
La parlamentaria ha recordado que la Junta es propietaria de viviendas vacías en la Zona Norte. Allí está, por ejemplo, el edificio 14 de Abril, donde hay 28 casas “que se hicieron porque al por entonces delegado se le ocurrió la feliz idea de convertirlas en apartamentos para estudiantes y que no se han ocupado desde que se construyeron”.
Por su parte, el concejal en el Ayuntamiento de Granada Rafael Caracuel ha puesto el acento en que la vivienda es una competencia de la administración andaluza, y no del ayuntamiento de la capital. Por eso le parece que el anuncio que la concejal socialista Jemina Sánchez hizo en la última Junta Municipal de Distrito, en la que aseguró que paralizaría cualquier intento de desahucio, puede ser “un gesto para distraer la atención” pero nada más. “Que los vecinos estén atentos, no les quiera engañar el ayuntamiento. Es la Junta la que debe retractarse públicamente de lo que ha previsto, la que tiene que garantizar que ningún vecino se irá a la calle y la que ha de iniciar un proceso de regularización de las viviendas”, ha señalado.
“Los vecinos quieren normalizar su situación y están dispuestos a pagar un alquiler social por esas casas. Su intención es arreglar los papeles y estar tranquilos. Ellos son los que en muchos casos han tenido que realizar mejoras dentro de las viviendas dado que la Junta nunca lo ha hecho, porque su actitud durante todos estos años ha sido de dejadez”, ha añadido el edil, que ha instado a la administración socialista a que se pronuncie “cuanto antes, en las próximas 24 horas”, y que transmita un mensaje “tranquilizador” a unas familias que, en algunos casos, están en situación económica delicada, esperan un hijo, tienen a personas mayores a su cargo y, en definitiva, no deben aumentar su zozobra con este tipo de avisos intimidatorios.
