El PP exige al grupo de desarrollo de la Alpujarra que “ponga orden” en sus cuentas económicas

Los representantes del Partido Popular en la comarca de La Alpujarra han exigido a la presidencia y gerencia del Grupo de Desarrollo Rural (GDR), ocupada por los exalcaldes socialistas de Albondón y La Tahá, que “pongan orden” en las cuentas económicas del organismo público y “den marcha atrás” a su decisión de ejecutar una bajada en los sueldos de los trabajadores y un aumento sistemático de las cuotas a los asociados, “por una supuesta cuestión económica que no ha sido claramente justificada”.

En este sentido, han criticado que la Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural de La Alpujarra “no muestre interés ni voluntad” en “reflexionar” sobre esta decisión, después de que esta misma semana hayan suspendido “de forma precipitada” la Asamblea General Extraordinaria Urgente, prevista para tratar estas cuestiones “tan polémicas e impuestas sin consenso suficiente”, según el Partido Popular.

“El anuncio de suspensión de la asamblea, aparte de precipitado, es tan escueto y vago en su justificación que no se entiende cómo antes de las 14 horas del mismo día en que se va a celebrar la asamblea digan que no hay quórum suficiente y más extraño aún que aleguen un error en la convocatoria sin especificar cuál es el error”, han criticado.

Los hechos se remontan al pasado 19 de diciembre de 2016, cuando el Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra de Granada aprobó y ratificó, en Junta Directiva y Asamblea General de socios respectivamente, una bajada del 28 por ciento del salario de los trabajadores y una modificación de las cuotas de los socios. Dichos acuerdos se adoptaron sin el quórum necesario y estipulado en los estatutos del Grupo.

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural, el exalcalde de Albondón, Juan José Castillo basó la toma de dichos acuerdos en “causas económicas”. Sin embargo, para el Partido Popular, este acuerdo adoptado es, a todas luces, “injusto” para los trabajadores, que son los que desde hace casi veinte años han sacado los programas europeos adelante. Además, los populares no entienden cómo no se ha tenido en cuenta en ningún momento las alternativas presentadas por los trabajadores, y el “empecinamiento” por parte de la presidencia y la representante de UGT, Isabel Molina, en “no dialogar y tergiversar” la información dada al resto de miembros de la Junta Directiva.

“Todo parece indicar que se trata de un cambio de cromos, unas intenciones ocultas por parte de la Junta Directiva que no son otras que las de forzar con dicha rebaja salarial la marcha de los trabajadores y colocar en su lugar a otros”, han afirmado los populares en la comarca.

Igualmente, han considerado que el acuerdo adoptado acerca de la modificación de cuotas de los socios es “desproporcionado e insensible” con las circunstancias de la comarca. “Insensible porque se obliga a los organismos públicos a realizar previsiones en sus presupuestos anuales de hasta el triple de la cuota anual para hacer frente a futuras cuotas extraordinarias, a sabiendas de que la mayoría de estos organismos disponen de unos presupuestos ya de por sí ajustados, y desproporcionado porque mientras a algunos socios se le incrementa la cuota hasta en un 800 por ciento a otros se les declara exentos de contribuir, como es el caso de los sindicatos y distintas organizaciones empresariales afines a la presidencia”, han censurado.

Para el Partido Popular, resulta “indignante” que un sindicato socio de un Grupo de Desarrollo Rural esté exento de pagar cuotas y además forme parte de la Junta Directiva, “tomando decisiones en contra de los propios trabajadores que dice defender, como la de bajar los sueldos en un 28 por ciento”.

En este sentido, los populares se han preguntado “qué está pasando en el GDR de La Alpujarra” y “quién maneja realmente los hilos de la Junta Directiva, es la presidencia o un sindicato afín”. El PP duda de la “claridad” en la gestión general y, especialmente, económica del Grupo y ha exigido la celebración urgente de la Asamblea postergada “por débiles argumentos” y que se clarifique la situación “real” del Grupo de Desarrollo Rural “antes de tomar medidas que atentan contra sus propios trabajadores”.