El PP exige que la conciliación de la vida familiar y laboral sea “prioritaria y básica” en el futuro Plan de Igualdad
Reclaman que no sólo se apoye al feminismo, sino también a otros movimientos que defienden los derechos de la mujer
El grupo municipal del Partido Popular en Granada ha presentado sus alegaciones al Plan de Igualdad para mujeres y hombres que auspicia el equipo de gobierno presidido por el socialista Francisco Cuenca, que no recoge en sus cinco ejes de actuación ninguno específico para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Su portavoz, Rocío Díaz, ha incidido en que esa conciliación debe ser “prioritaria y básica” en el futuro plan “puesto que es una de las principales demandas de la sociedad” y porque su ausencia “es un problema que impide alcanzar una igualdad efectiva”.
Para los populares, no resulta “suficiente” que aspectos como éste aparezcan “poco y sin concretar” en el avance presentado por el gobierno local, al que ha pedido que elabore, con el asesoramiento de técnicos y agentes de igualdad, “un programa específico con medidas concretas”.
Éstas pueden abarcar “desde la presencia de cuidadores de niños en todos los actos municipales donde sea posible, pasando por incentivos a las empresas y comercios que implanten medidas en este sentido, hasta escuelas de formación en habilidades de cuidados”, ha enumerado.
Otro gran bloque de reivindicaciones del PP a este plan pretende establecer medidas en favor de las mujeres en mayor exclusión social o que sufran situaciones de trata o prostitución. El concejal Fernando Egea ha detallado que, para ellas, se proponen “proyectos concretos de empleabilidad, una línea de subvenciones específica y diferenciada del Fondo Iniciativas Mujer y establecer un programa anual específico para esas mujeres mediante convenios con las asociaciones que trabajan con ellas”.
El PP ha llamado también la atención sobre la posible modificación de la Ordenanza sobre Convivencia, en concreto respecto al ofrecimiento de prostitución en la vía pública. “Debe hacerse con mucha prudencia para evitar que un problema ya solucionado en Granada vuelva a reaparecer”, ha recalcado Egea, que entiende que una vía podría ser suprimir la sanción a las mujeres pero no a los clientes y a los proxenetas.
Igualmente, los populares han hecho mención a que las becas a madres jóvenes, que fueron implantadas por su grupo cuando gobernaba, deben ampliarse a las madres gestantes, de manera que las madres embarazadas puedan ya solicitarlas.
Fernando Egea ha subrayado que el plan sería más completo si, en su reiterado posicionamiento de apoyo al movimiento feminista, “añadiera a otros movimientos que defienden también los derechos de las mujeres”. De esa forma, el plan no quedaría “cerrado al feminismo sino que se abriría a otros posicionamientos que trabajan y luchan por la mujer”.
Otras cuestiones que plantean los populares son la puesta en marcha de una campaña anual de difusión de una figura femenina de Granada que haya destacado en la historia, o la coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer de todas las campañas y actuaciones que se emprendan contra la violencia de género.
