El PP pide a los socialistas que, si tienen dudas sobre la gestión del anterior gobierno de Granada, hagan una auditoría en urbanismo
Los populares recuerdan que el partido ya tomó “medidas políticas” y suspendió de militancia al ex alcalde y reiteran que no tienen “nada que ocultar”
El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado a los socialistas que dejen de “hacer el ridículo” en relación con la decisión de un juez de llamar a declarar como investigado al ex alcalde José Torres Hurtado, han dejado claro que es un asunto “judicial” en el que los tiempos “los marca un juez y no los políticos” y han subrayado que, en estas circunstancias, hacer declaraciones “que saquen de contexto determinadas situaciones, es hacer daño al procedimiento judicial”.
El portavoz adjunto, Antonio Granados, ha incidido en que el PP, como es obvio, tiene un “absoluto respeto” por la justicia, “a la que todos debemos dejar trabajar” y que por tanto ni su partido ni su grupo van a entrar “en el juego de las conjeturas” y a elucubrar sobre qué podría pasar a partir del 23 de marzo, cuando el ex alcalde declare de nuevo ante el juez.
Ha puesto el acento en que el PP, a nivel nacional, tomó en su día la “decisión política” de suspender cautelarmente de militancia a Torres Hurtado y que, a partir de ahí, “es la justicia la que debe hablar y nosotros, cuando un caso está sub iúdice, debemos limitarnos a mostrar respeto con los tiempos judiciales y guardar silencio”.
No obstante, ha recordado a los socialistas que los populares no tienen “nada que ocultar” porque están trabajando “desde la máxima transparencia” y ha instado al equipo de gobierno local a que, si ellos piensan lo contrario, en vez de “echar balones fuera”, deberían “finalizar de una vez la auditoría en Urbanismo”.
Además, Granados no cree que el PSOE sea precisamente el partido más indicado para hacer esa serie de insinuaciones “cuando es la única formación de la provincia que tiene condenas en firme por casos de corrupción, en algunos casos con penas de cárcel, como sucedió en Armilla”.
El portavoz adjunto ha agregado que más cerca aún, en la misma capital, hay 27 corporativos “y sólo uno de ellos está investigado por la Justicia”. Pero ese único caso, ha destacado, es el del alcalde, Francisco Cuenca, que ya ha declarado ante un juez por la presunta comisión de tres delitos que conllevarían hasta nueve años de cárcel y quince de inhabilitación. “Eso le deslegitima, a él y a su partido, para hablar sobre estas cuestiones”.
Esto último es algo, ha dicho para terminar, de lo que debería tomar nota Ciudadanos, cuyo grupo municipal apoya sin fisuras al alcalde “en una demostración clara de que es un partido con una doble vara de medir, porque en la Comunidad de Murcia sí que se ha apresurado a pedir la dimisión del presidente popular, mientras que aquí no ha hecho nada”.
