El PP pide que se facilite el acceso a la escuela a los menores de 3 años aunque sus padres sean inmigrantes irregulares

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada llevará al próximo pleno una moción en la que insta a la Junta de Andalucía, responsable de las competencias en materia de Educación, que no exija el Número de Identificación de Extranjeros (NIE) a los padres de niños menores de tres años a los que quieran escolarizar, para evitar de ese modo una discriminación que afectaría especialmente a las familias en grave riesgo de exclusión social, tal y como ha expresado Fernando Egea.

El concejal ha argumentado que aunque la Delegación de Educación admite las solicitudes pese a que no se acredite el NIE o el NIF de los padres o tutores, cuando éstos carecen de esos documentos “no se les aplican las bonificaciones que les corresponderían en relación a la renta anual de la unidad familiar, incluso en los casos que se acreditan circunstancias socio-familiares de grave riesgo para los niños”. La consecuencia es que los menores “no pueden acceder al colegio cuando sus padres no pueden pagar la plaza en la Escuela Infantil”.

Egea ha resaltado que es “una contradicción” que la Junta sí permita escolarizar a los niños de más de tres años sin pedirles ese requisito pero no aplique esa medida a los que tienen entre cero y tres años. También ha indicado que la administración autonómica no puede ampararse en que es algo que exige su propia normativa, en concreto el Decreto 149/2009 y la Orden de 8 de marzo de 2011, puesto que existen dictámenes y leyes de mayor rango que la contradicen, como la Ley Orgánica de Educación, la Ley de los Derechos de los Extranjeros y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Además, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que “existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos”, y eso es algo que también recogen la Constitución Española y diversos acuerdos internacionales y convenios como el de los Derechos del Niño de la ONU, según ha expresado el dirigente.

El edil popular ha mencionado que el Ayuntamiento de Granada ha tenido que hacerse cargo a través de ayudas económicas familiares el coste de las plazas de niños en esta situación. “Como media, han sido veinte casos por año”, ha apuntado, para añadir que esos obstáculos que pone la Junta también han venido siendo denunciados desde hace años ante el Defensor del Pueblo, que ha dado la razón a las familiares de los menores a los que querían escolarizar. “Esta manera de proceder de la Junta podría dar lugar a que los hijos de los refugiados que lleguen a España tampoco pudieran recibir la escolaridad gratuita”, ha agregado.

“Creemos que es una medida de justicia y por eso esperamos que todos los grupos municipales le den su apoyo para que podamos hacer fuerza entre todos”, ha agregado Fernando Egea, que por lo demás ha recordado que el grupo del PP en el Parlamento de Andalucía también prevé abordar la cuestión puesto que, obviamente, es un problema que se presenta en toda Andalucía, “especialmente en poblaciones donde hay un amplio porcentaje de inmigrantes”.