El PP plantea incluir las "necesidades" de la Ley de Dependencia en el cálculo de la nueva financiación autonómica

El PP sostiene que el nuevo modelo de financiación debe garantizar un "nivel mínimo igual" para la prestación de servicios públicos en todas las comunidades autónomas e incluir las "necesidades derivadas" de la Ley de Dependencia en el cálculo del nuevo sistema, que empezará a negociarse en la Conferencia de Presidentes que se celebra el 17 de enero en el Senado.

Así se recoge en la Ponencia Económica y de Administración Territorial que el PP llevará al XVIII Congreso Nacional que celebra entre los días 10 y 12 de febrero y que ha coordinado el exministro y vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas.

En el documento, que ha recogido Europa Press, el PP explica que las necesidades de financiación de las comunidades deberán fijarse atendiendo a sus necesidades reales. Por tanto, dice que se tendrán en cuenta variables que ponderen la población, por estar "probada su evolución como un factor de coste, en especial el envejecimiento (ponderando sus diversos grados en función de la edad) o la población en edad escolar.

También habrá que ver otras que "recojan factores físicos que incidan de forma evidente en el coste de la prestación de servicios (dispersión, superficie, insularidad), y que se determinarán en el grupo de trabajo creado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cada una de las competencias.

El PP añade que la evaluación de las necesidades reales deberá realizarse de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales. "En ella, deberán considerarse de manera especial, las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia y revisarse con el máximo detalle, la dinámica de crecimiento del gasto sanitario, sus indicadores y los índices que determinan la población protegida equivalente", dice.

CON CONSENSO Y SIN NEGOCIACIONES BILATERALES

En el texto, se subraya que la reforma del sistema de financiación es "una de las prioridades políticas" del PP y debe hacerse desde "el más amplio consenso posible", así como ser "el resultado de un amplio y transparente acuerdo consensuado en el seno del CPFF". Por eso, rechaza negociaciones bilaterales previas que después se trasladen a otras comunidades.

De hecho, y ante las demandas de la Generalitat de Cataluña, dice que la reforma "no puede ser utilizada como elemento para la consecución de objetivos políticos diferentes de los que corresponden al ámbito de la financiación autonómica". "La reforma del sistema de financiación no puede ser el ámbito en el que se traten de conseguir otros objetivos políticos, por muy legítimos que sean; y mucho menos para alcanzar objetivos políticos contrarios al ordenamiento constitucional", avisa.

Además, el PP señala en su ponencia económica que el punto de partida del nuevo modelo financiación debe contemplar que ninguna comunidad "empeore su posición financiera absoluta como consecuencia de la reforma".

UNA OFERTA BÁSICA DE SERVICIOS ESENCIALES

Dicho esto, el PP subraya que el nuevo sistema de financiación "debe garantizar un nivel mínimo igual para la prestación de los servicios públicos fundamentales en todas las CCAA, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos propios, garantizando la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de forma homogénea".

Tras defender la necesidad de reforzar el Estado Autonómico para fortalecer las bases del Estado del Bienestar, insiste en que esa reforma del sistema de financiación debe garantizar una oferta básica de servicios esenciales igual para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia y la igualdad de oportunidades en términos de accesibilidad y de calidad.

Asimismo, el PP apuesta por impulsar el papel de la Conferencia de Presidentes como órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los Gobiernos Autonómicos, con sede permanente el Senado, así como potenciar el papel de las Conferencias Sectoriales y del Senado como Cámara Territorial.

ASEGURAR QUE GOBIERNE EL ALCALDE MÁS VOTADO

En el mismo documento, el PP considera a las entidades locales esenciales para el marco de convivencia e imprescindibles para la cohesión social. Y en ese sentido, apuesta por reforzar la Comisión Nacional de Administración Local.

También defiende una nueva regulación ante las elecciones locales para asegurar que "las opciones de Gobierno responden fielmente la voluntad de los ciudadanos". "Es esencial para la proximidad y estabilidad de los Ayuntamientos favorecer una reforma electoral que asegure el gobierno de la lista más votada en cada municipio".

El texto también muestra su apoyo a las iniciativas de fusión voluntaria de municipios, que permiten ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, y explica que es posible avanzar en el respaldo normativo a este tipo de iniciativas, con incentivos eficaces a la fusión voluntaria de municipios.

Además, el PP considera "fundamental" el papel de las diputaciones provinciales, sobre todo en los pequeños y medianos municipios, en especial los menores de 20.000 habitantes, que es donde concentran su actuación. Asegura que no suponen ningún problema financiero para el Estado dado que la gran mayoría de ellas se encuentran en superávit.

"Por tanto, defender su supresión argumentando un ahorro económico es tanto como defender la supresión de servicios públicos, ya que en realidad su coste tendría que asumirse por otras Administraciones", proclama, en alusión a las tesis de Ciudadanos.

Por ello, el PP propone que sigan "profundizando en la búsqueda de la mayor eficacia y eficiencia en la gestión y la prestación, con unas estructuras ágiles, modernas y transparentes". "Y que se mantengan, como entes prestadores de servicios y promotores de cohesión social", concluye.